La movilización de los mil 500 taxistas hacia el Zócalo de la Ciudad de México el lunes 3 es la expresión de un problema mal resuelto por las autoridades capitalinas desde 2016 e implica a los antiguos dueños de la empresa Lusad –que debió instalar tabletas y dispositivos a las 138 mil unidades que circulan en la ciudad– y sus socios Fabio Massimo Covarrubias Piffer y Ricardo Salinas Pliego. El programa no se cumplió por maniobras de la Secretaría de Movilidad Social, y si bien ahora la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, intenta anularlo, se expone a una demanda internacional de alcances descomunales. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 17 de junio de 2016 la empresa Servicios Digitales Lusad recibió la concesión de la Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino (Semovi) para instalar taxímetros digitales y una aplicación tecnológica contenida en una tableta en 138 mil taxis de la Ciudad de México. Su propósito era competir con el servicio que prestan compañías como Uber y Cabify. El proyecto concesionado a Eduardo Zayas Dueñas y Santiago León Aveleyra, dueños de Servicios Digitales Lusad, identificado como L1BRE, se inició con un programa piloto en mil 250 unidades, pero se detuvo en mayo de 2018 a petición de la Semovi. En plena campaña electoral, la entonces candidata Claudia Sheinbaum lo calificó como “un negocio privado” y corrupto. Y aunque dejó entrever su intención de anularlo, es poco probable que lo haga, pues si así fuera el Estado mexicano enfrentaría una demanda internacional basada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (hoy T-MEC). La situación se le complicó a la empresa de Zayas y León, quienes le abrieron la puerta del negocio a Fabio Massimo Covarrubias Piffer y a Ricardo Salinas Pliego –ambos implicados en la venta irregular de Grupo Fertinal– para lograr una inversión cercana a los 90 millones de dólares (más de mil 700 millones de pesos). Los primeros se arrepintieron al descubrir que éstos incurrieron en irregularidades financieras y quebrantos por poco más de 15 millones de dólares; sin embargo, ahora ambos grupos de inversionistas están inmersos en un litigio radicado en un Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2223, ya en circulación)