CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido y vinculado a proceso por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, presentó un amparo ante un juez federal contra las acusaciones que mostró la Fiscalía General de la República (FGR) para argumentar su detención. La defensa de Collado Mocelo presentó la solicitud para iniciar al juicio de amparo 574/2019, ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, pero la respuesta a dicho trámite se dará a conocer en cinco días, luego de que aclare algunos puntos de su demanda que resultan imprecisos. En el amparo, Collado Mocelo reclamó “actos privativos de libertad”, con el que argumentó que se violaron garantías individuales, entre ellas, protección a sus derechos humanos, privación de la libertad sin previo juicio, detención sin mandamiento escrito y presunción de inocencia. Dicho trámite está siendo atendido por la jueza María Catalina de la Rosa Ortega, quien en el año 2016 ordenó, junto a otra juez, suspender posibles malos tratos, actos de incomunicación y la deportación inmediata a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán. El pasado miércoles 10 de julio, el juez de control Jesús Eduardo Velázquez Rea, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, consideró que había indicios iniciales suficientes para vincularlo a proceso. En junio pasado, el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció a Collado por “delincuencia organizada y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, por el supuesto fraude en la venta de un terreno en Querétaro por un total de 156 millones de pesos en el que posteriormente se construyó la Zona Comercial Centro Sur, en un edificio de seis niveles con otros seis de estacionamiento, cuyo valor actual es de 700 millones de pesos. En la operación, el abogado de Enrique Peña Nieto supuestamente creó cuatro empresas fantasmas y falsificó la identidad de Bustamante para despojarlo del terreno. El empresario inmobiliario presentó su denuncia el 7 de junio pasado y el 4 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formalizó la querella ante la FGR; derivado de las transferencias bancarias que se realizaron en cuentas de Europa y España, la titular del Ministerio Público de la Federación obtuvo la causa penal 269/2019, Según la denuncia penal, una de las empresas, Caja Libertad Servicios Financieros SA de CV, es propiedad de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Además, los recursos que salían de la referida sociedad financiera se habrían utilizado incluso para financiar campañas electorales, entre ellas la del hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien figuró hasta el 2015 como uno de los socios de Caja Libertad Servicios Financieros.