CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las instrucciones giradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la crisis de desapariciones, la representación en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresaron su satisfacción y llamaron a acompañar las acciones anunciadas con garantías de acceso a la justicia y no repetición. En comunicados por separado, ambos organismos celebraron lo anunciado por el gobierno federal a través del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y de la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, particularmente en la decisión de admitir la competencia contenciosa del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, para recibir comunicaciones individuales. Ambos organismos coincidieron en aplaudir la determinación del gobierno de López Obrador de invitar al CED a visitar México; de atender las decisiones internacionales relacionados con casos de desaparición; el compromiso de presentar una iniciativa legislativa para hacer efectivo el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; que se haya puesto a la Unidad de Búsqueda de la Policía Federal bajo el mando de la CNB para las tareas de búsqueda, y la firma de acuerdos de colaboración con el Conacyt, para dar soporte tecnológico a la CNB. La ONU-DH resaltó que en materia de desaparición de personas “la falta de castigo imperante en el país es una de las principales causas de la repetición de este atroz crimen”, por lo que urgió a que la Fiscalía General de la República (FGR), “designe a una persona idónea para el puesto de Fiscal Especial”, pues hasta ahora se mantiene en ese cargo Abel Galván, como herencia del sexenio pasado. La ONU-DH llamó al fiscal Alejandro Gertz Manero a incorporar “al Plan Nacional de Persecución Penal el combate a la desaparición de personas como una de sus prioridades e investigue adecuadamente las desapariciones, así como las irregularidades que se han dado con motivo del procesamiento de casos de desaparición”. De la misma manera, la representación de la ONU consideró que, para una mejor atención a víctimas, es necesario que la designación del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), “debe recaer en una persona con el perfil apropiado para garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas”, en tanto que el proceso de reformas al marco regulatorio, “debe ser producto de un proceso abierto y participativo que escuche a las víctimas y a otros actores interesados”. Asimismo, el organismo alentó a los gobiernos locales a que “asuman también sus responsabilidades de conformidad con las obligaciones internacionales y nacionales en la materia, respetando siempre el principio de participación de las familias”, ya que el problema de la desaparición de personas, “es un reto colosal que precisa el compromiso de todos los órdenes de gobierno para enfrentarlo”. Por su parte, la CNDH destacó que pese a que desde 2017 se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, “no se han implementado las políticas y acciones necesarias para incidir positivamente en el abatimiento de la lacerante práctica”, que no ha sido erradicada. En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el organismo puntualizó que “cada caso debe ser investigado de manera exhaustiva y pertinente, localizar a la persona desaparecida e identificar a los responsables para que sean sancionados conforme a derecho, para lo cual deben atenderse los reportes (…) de instancias internacionales, los informes de organizaciones nacionales e internacionales, los documentos emitidos por los organismos públicos de Protección de los Derechos Humanos, los reportes de instancias oficiales y el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México”, de la CNDH publicado en 2017. Al destacar que la ley en sí misma no es suficiente para combatir el problema, sino que “el reto es materializarla, para lo cual se requiere voluntad política de las instancias de gobierno, en especial de las instancias federativas”. Para la CNDH es necesaria la “profesionalización de todos los actores encargados de su aplicación; recursos suficientes para instrumentar contenidos; investigaciones efectivas que eviten impunidad” y creación de comisiones de búsqueda en entidades donde no existen, Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Quintana Roo y Sonora. Requirió a autoridades locales a que, con el apoyo de autoridades federales, se realicen “análisis de contexto y situacional que permitan identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de delitos, además de escuchar las necesidades de los familiares de las víctimas quienes deben recibir un trato con calidad y calidez”. El organismo advirtió que la desaparición de personas “debe ser comprendida y encarada de manera integral”, y que el “Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones -forzadas y cometidas por particulares- y sus familiares”. La CNDH urgió “a las autoridades y sociedad a actuar para saldar esa deuda, ya que no podemos hablar de ser una sociedad sustentada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos mientras no se dé una respuesta integral a ese flagelo”.