CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los dictámenes de las leyes secundarias en materia educativa que se discutirán en la Cámara de Diputados son inconstitucionales y sólo fortalecen a los líderes sindicales, por encima de los intereses de las y los maestros que acuden a las aulas. Así lo aseguró la Red Educación y Derechos, integrada por un grupo de académicos e investigadores de la Universidad de la Educación, quienes rechazaron los diagnósticos de la Ley General de Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y Ley Orgánica de Educación, aprobadas en lo general por el Poder Legislativo. La Red, que también conforman personalidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación-Ibero, destacó que los dictámenes contravienen el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque “empoderan a los líderes magisteriales por encima de los intereses de las y los maestros que todos los días acuden a las escuelas a garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes, y ponen en riesgo la vida y seguridad de los estudiantes”. La injerencia sindical en comisiones tripartitas relacionadas con el ingreso al servicio docente, la promoción a cargos de dirección y supervisión, así como los estímulos para el reconocimiento docente, conculca la rectori?a del Estado en materia educativa, recalcó. Y abundó que dicha injerencia en el control de las plazas docentes, como se ha demostrado en el pasado, “propicia la venta, renta y herencia de plazas que los propios maestros frente a grupo rechazan”. El rechazo de los maestros que todos los días dan clases en las escuelas, para que sean los líderes sindicales quienes manejen y controlen las plazas, es porque se les obliga a anteponer las demandas sindicales sobre el derecho a aprender de nin?as, nin?os y adolescentes, añadió.

“La carrera de los docentes no debe estar en manos de los líderes sindicales, ello equivale a entregarle el futuro del pai?s en te?rminos de desarrollo econo?mico y social a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que además no representa a todos los maestros y las maestras de México, y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que en el pasado también se benefició de la venta y la herencia de las plaza”, afirmó la Red, en la que también participan investigadores del Tecnológico de Monterrey y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De acuerdo con los especialistas en temas educativos, desaparecer el Instituto Nacional de la Infraestructura Fi?sica Educativa (Inifed) no sólo pone en riesgo a los estudiantes, sino que equivale a privatizar una responsabilidad del Estado, al trasladarle los recursos y la responsabilidad a los padres y madres de familia sobre el mantenimiento y la construcción de las escuelas. Al dirigirse a los legisladores, manifestaron que, antes de trasladar la responsabilidad a los padres de familia, consideren co?mo se garantizara? el conocimiento te?cnico para orientar las obras de ampliacio?n y/o reparacio?n en las escuelas, ya que este conocimiento especi?fico esta? ligado a garantizar la seguridad de los inmuebles escolares, y la gran mayori?a de los denominados comités escolares de administracio?n participativa no cuenta con él. De igual manera, pidieron a los diputados que analicen quie?n sera? el responsable de la contratacio?n de la obra y del ejercicio de los recursos, si se aplican las leyes General de Responsabilidades y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pu?blico. ¿Será el director de la escuela o los padres miembros de dichos comite?s?, cuestionaron. Al dar a conocer su postura, antes de que arranque la discusión sobre las leyes secundarias de la reforma educativa, la Red destacó que también en la Ley de Carrera se omite un capi?tulo fundamental para regular el ingreso y promocio?n del personal de apoyo docente, como prefectos, psico?logos y trabajadores sociales, entre otros. Detalló que los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) son fundamentales porque apoyan la labor docente para atender problemas de bullying, embarazo juvenil y violencia escolar, entre otros aspectos que tienen un impacto en el abandono escolar.

“La falta de una regulacio?n para los ATP, en el pasado, propició la herencia y venta de plazas, y la ausencia de reglas claras para su promocio?n termina minando su desempen?o y genera incertidumbre en detrimento de su labor al interior de los planteles escolares”, puntualizó.

En ese contexto, los investigadores y académicos condenaron que se quiera degradar a nivel de comisión al organismo que se va a encargar del Sistema de Mejora Continua de la Educación, haciéndola en los hechos un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Recordaron que en la Ley General de Educación se aprobó la creación de un organismo público, descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como se establece en el artículo tercero de la Constitución. Sin embargo, advirtieron, la propuesta de la ley secundaria considera a ese organismo una comisión sectorizada de la SEP, violando lo dispuesto por el Congreso de la Unión y los Congresos estatales. Asimismo, indicaron que los dictámenes que se van a discutir y votar en la Cámara de Diputados no tienen sustento ni previsiones transitorias que aclaren las medidas presupuestales para cumplir todas las disposiciones. En particular, señalaron los programas de reconocimiento docente, las poli?ticas de equidad y el fondo para garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educacio?n superior. Finalmente, la Red demandó a los legisladores que tomen en cuenta sus opiniones para ayudar a mejorar los recientes cambios a la Ley General de Educación.