Acusan que gobierno federal lleva un año sin acatar resolución de ONU en caso de Arturo Medina

jueves, 8 de octubre de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización civil de derechos humanos Documenta, Análisis y Acción por la Justicia Social denunció el incumplimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a la resolución de Naciones Unidas relacionada con los agravios cometidos contra Arturo Medina Vela, emitida en septiembre de 2019. La organización recordó que Medina Vela fue detenido en 2011 acusado de robo de vehículo, delito por el que fue declarado inimputable por ser una persona con discapacidad intelectual y psicosocial. Sin embargo, un juez le impuso “una medida de seguridad en internamiento fundamentada únicamente en certificados médicos y en su condición de discapacidad, por lo que estuvo privado de la libertad durante cuatro años en el Centro Varonil de Rehabilitación Social (CEVAREPSI)”. Nota de interés: Tomé medidas por covid-19… y quemaron mi camioneta: alcaldesa en Jalisco La organización alertó que “de continuar el incumplimiento, el Estado mexicano envía un claro mensaje de que está dispuesto a perpetuar violaciones a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que se enfrentan al sistema de justicia”. Documenta resaltó que el proceso judicial estuvo “lleno de irregularidades”, toda vez que las autoridades judiciales “le negaron la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente, aportar prueba para su defensa o impugnar las que se presentaron en su contra, así como elegir la defensa que más le favoreciera o impugna las resoluciones que le perjudicaron”. Sin considerar su condición de inimputable también se le negó su derecho a acceder a “apoyos y ajustes de procedimientos necesarios para participar efectivamente en su proceso penal y exigir el cumplimiento de sus derechos y obligaciones”. La organización resaltó que tras su intervención de Documenta, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad analizó el caso de Arturo Medina y el 6 de septiembre de 2019 consideró que el Estado mexicano es responsable por incumplir con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nota de interés: Abogan para recuperar programa que atendía a las infancias indígenas jornaleras “A un año de esta resolución, realizamos un llamado a la Secretaría de Gobernación, instancia encargada del cumplimiento de las obligaciones señaladas por el Comité a que, en conjunto con Arturo, su familia y defensa, implemente un plan de acción con fechas concretas para definir de que forma se le brindará reparación efectiva y se garantizará la no repetición”, señaló Documenta. La organización resaltó que el plan de acción para el cumplimiento de las recomendaciones deberá considerar “una reparación efectiva a Arturo, incluido el reembolso de cualesquiera costos judiciales en que haya incurrido, junto con una indemnización”; el reconocimiento público de la violación a los derechos humanos de la víctima y publicar y distribuir ampliamente el dictamen Documenta exhortó a la Segob a coordinar mesas de trabajo con el poder legislativo y judicial, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad para atender las recomendaciones del Comité relacionadas con reformas legislativas a nivel local, estatal y federal “en relación con la figura de inimputabilidad”. Asimismo, las mesas de trabajo abordarían “la aplicación de medidas de seguridad que discriminan por motivos de discapacidad y generar alternativas ajustadas con los principios de la Convención”. Otros temas a tratar están relacionados con el acceso a las personas con discapacidad para ejercer su capacidad jurídica ante los tribunales y la capacitación a los operadores del sistema de justicia sobre la Convención y Protocolo facultativo. “Llamamos al gobierno federal a no aplazar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, apuntó la organización tras resaltar que el caso de Arturo Medina Vela es un precedente en el reconocimiento de que “las violaciones a sus derechos fueron producto de deficiencias estructurales, asentadas en la legislación nacional que deben, con urgencia, modificarse”.