COLIMA, Col. (apro).- Cinco de 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) solicitaron al presidente del organismo, Roberto Ramírez, que “de inmediato presente su renuncia al cargo”, por considerar que lo ocupa “de manera ilegítima”.

El planteamiento se realizó a través de un oficio entregado ayer en la oficina de la CDHEC, firmado por las consejeras María Guadalupe Hinojosa Cisneros, María del Carmen García García y Mayra Vianey Felipe Granados, así como los consejeros Marco Antonio Pérez Gaspar y Luis Enrique Puga Virgen.

Argumentaron que el nombramiento de Ramírez, conferido el pasado 27 de noviembre por parte del Congreso local, es violatorio de lo dispuesto por los artículos 1º y 41º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 13º, 22º y 23º y sus demás correlativos de la Constitución Política del estado de Colima.

La inconformidad de la mitad de los integrantes del Consejo Consultivo se manifestó porque la llegada de Ramírez a la titularidad del organismo “violenta los derechos humanos de las mujeres y contraviene los acuerdos internacionales que el Estado mexicano tiene firmados, relativos a la paridad de género, que establece en varios artículos nuestra Carta Magna”.

En el documento dirigido al presidente de la CDHEC le expresaron: “Por ser experto en derecho, sabe de la ilegitimidad del nombramiento y que el mismo es resultado de acuerdos políticos totalmente ilegales y oscuros, completamente desviados de los que deben rodear el ascenso de una mujer” a la presidencia del organismo.

Por lo anterior, puntualizaron, “en nuestro carácter de consejeras y consejeros desconocemos su nombramiento como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima”.

Entrevistado al respecto, el presidente de la CDHEC dijo respetar el punto de vista de quienes firmaron el documento, pero afirmó que desde su análisis particular el nombramiento cumple con todos los requisitos legales requeridos para asumir el puesto. 

No obstante, Roberto Ramírez indicó que si los integrantes del Consejo tienen dudas o consideran que hubo alguna violación a la ley, están en su derecho de promover cualquier recurso legal ante un órgano constitucional.

“Yo estoy convencido de que se llevó a cabo un procedimiento apegado a la legalidad y a la constitucionalidad de todos los actos, entonces, después de hacer un análisis al respecto, estoy convencido de que el nombramiento es viable, es efectivo y yo concluiré el periodo para el cual me encomendó el Congreso del estado asumir esta responsabilidad”, dijo.

En relación con el argumento de que se violó el principio de la paridad de género y de que el puesto le correspondía a una mujer, Ramírez refirió que desde el lanzamiento de la convocatoria para elegir titular de la CDHEC estuvo garantizada la paridad de género, pues hombres y mujeres “pudimos participar en igualdad de circunstancias y acreditamos si teníamos capacidad o competencia para desempeñar el cargo”.

Añadió que, independientemente de lo anterior, él aplaude y motiva a los consejeros y a todas las organizaciones y personas que consideren que se debe vigilar la constitucionalidad de los actos, a que hagan uso efectivo de los recursos que tienen a la mano y los lleven a cabo.

“Yo creo que ese tipo de ejercicios legitiman y transparentan la actuación del Estado, y nos dejará a todos los participantes y la sociedad misma satisfechos; estoy de acuerdo con que todo mundo ejerza a plenitud sus derechos, y uno de ellos es el acceso a un recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos humanos”, puntualizó.