CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que la mayoría en el Senado de la República aprobó la Ley de Amnistía, la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) alertó de “graves conflictos” e “incidentes penitenciarios” si las autoridades no acompañan la legislación con una campaña de información sobre sus alcances y beneficios, dirigida a personas privadas de la libertad y sus familiares. Tras considerar la norma aprobada como “un gran paso” en materia de justicia social, Asilegal estimó necesario informar con precisión a la población que va dirigida: presos del fuero federal sentenciados por aborto --incluidas mujeres que interrumpieron el embarazo, médicos, cirujanos o comadronas que practicaron el procedimiento-- o por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión y transporte, y delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado el debido proceso. “La gran expectativa generada con respecto a la ley y la misma cobertura que se ha proporcionado en medios de comunicación ha generado una desproporción con su verdadera finalidad como un paso importante, mas no configura aún la llave para resolver la crisis generada por la pandemia”, puntualizó. Para la organización, la ley “debe ir de la mano de una campaña integral que ayude a la población privada de la libertad, así como a sus familias, a entender quiénes o bajo qué contexto se puede acceder a los beneficios que promueve”. Y es que Asilegal confirmó que “muchas personas no terminan por comprender los límites y alcances de dicha ley, situación que puede convertirse en graves conflictos entre todos las y los interesados y derivar en incidentes penitenciarios”. Nota relacionada: [embed]https://www.proceso.com.mx/626618/morena-y-aliados-en-el-senado-aprueban-ley-de-amnistia[/embed] En tal sentido, recomendó informar con claridad que los beneficios de la ley se acotan “únicamente a personas sentenciadas del fuero federal, reducido a los cinco delitos que contempla”, lo que significa que de los más de 200 mil presos que hay en el país, sólo 30 mil están por delitos del fuero federal, y de ellos, “en su gran mayoría, tampoco serían elegibles, pues un número muy reducido está sentenciado por los cinco delitos que menciona la ley”. La organización insistió, como lo ha hecho con anterioridad, que “será a través de los jueces de ejecución y la Ley Nacional de Ejecución Penal como realmente se podrán llevar a cabo las acciones íntegras y masivas, para lograr la concesión de beneficios preliberacionales que permitan a las personas poder aplicar las medidas de sana distancia y salud mandadas por el gobierno federal”.