TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- A dos años del asesinato del  defensor de derechos humanos Sinar Corzo Esquinca, amigos y familiares protestaron este domingo para exigir justicia y castigo para los autores materiales e intelectuales del crimen.

 El 3 de enero de 2019, el activista fue ejecutado a tiros por un par de sicarios que viajaban en una motocicleta, quienes le dispararon a corta distancia, a unos pasos de su domicilio.

Según el reporte policiaco y las primeras diligencias de investigación, el homicidio se perpetró aproximadamente a las 21:40 en la Primera Norte y Avenida Ferrocarril Oriente de Arriaga. Corzo Esquinca murió en el lugar de los hechos.

Tras las investigaciones, la Fiscalía General del estado (FGE) detuvo como presuntos responsables del asesinato a Fernando "N", Julio César "N" y Apolinar "N", éste último suegro del alcalde de Arriaga, David Parada Vázquez, con quien Corzo Esquinca se reunió horas antes de ser asesinado, para tratar temas de índole social.

El alcalde en funciones renunció a su cargo y escapó de la justicia chiapaneca.

Desde hace varios años el activista se convirtió en un personaje incómodo para todos los alcaldes que gobernaron en Arriaga, pues desde su Centro de Derechos Humanos “El Coloso de Piedra” denunciaba todas las arbitrariedades y abusos de los funcionarios municipales.

Hoy, sus amigos y familiares develaron una placa en su honor, justo en el sitio donde fue acribillado a tiros. Posteriormente se dirigieron al tramo carretero que va de la comunidad La Pesquería a La Línea, que se pavimentó justo por el reclamo de sus pobladores y del propio activista.

Además, presentaron el proyecto de un monumento para recordar la lucha y legado de Corzo Esquinca en ese municipio.

En el acto denunciaron que de manera dolosa la FGE y la justicia chiapaneca pretenden liberar al suegro del alcalde prófugo, con el argumento de que está enfermo.

Señalaron que el caso sigue en la impunidad porque a los detenidos no se les ha dictado sentencia condenatoria por el crimen, al contrario –subrayaron--, la FGE y el juez que lleva el caso pretenden apostarle al desgaste de la familia para que ya no exijan justicia.