Oaxaca

Para despojarlos de sus tierras, declaran muertos a más de mil comuneros... que están vivos

Para privarlos de sus derechos al territorio, funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, declararon muertos a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán que están vivos.
jueves, 1 de julio de 2021

OAXACA, Oax. (apro).- Con el claro objetivo de privarlos de sus derechos a la tierra y al territorio, funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, declararon muertos y sepultados a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán que están vivos, entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo denunciaron el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, al tiempo que exigieron la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para que investigue los hechos denunciados y sancione a los funcionarios implicados por la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.

El presidente del CEDHAPI, Maurilio Santiago Reyes, y los principales Zenaido García Bernabé y Juan Santiago García, acusaron directamente al exdelegado federal Agrario Francisco Javier Cañada Melecio; a la dirección del Registro Civil del estado de Oaxaca, por conducto de Daniel Víctor Merlín Tolentino, y a Eduardo Daniel Gómez Padilla y Uriel López Mayoral, integrantes del Registro Agrario Nacional (RAN).

Recordaron que, según el acta de fecha 12 agosto de 2018, la supuesta representación comunal Agraria de Santo Domingo Ixcatlán, avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria, efectuó una asamblea con un pequeño grupo de comuneros, seguidores de la familia Morales Arias --responsables de la masacre del 30 de abril de 2008--, para separar a mil 13 comuneros del padrón y darlos por muertos.

El acta de asamblea de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, distrito de Tlaxiaco, del 12 de agosto de 2018, fue avalada por el oficio DRC/UJ/699/2018 firmada por Daniel Víctor Merlín Tolentino, jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil de Oaxaca.

El CEDHAPI y el Consejo de Principales consideran que en esa acta se violentan los derechos de los beneficiarios de medidas cautelares, comuneros del Núcleo Agrario de Santo Domingo Ixcatlán, al declararlos como fallecidos, hecho totalmente falso, ya que todos los beneficiarios se encuentran con vida.

Esa acta fue validada por funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, el RAN y la Procuraduría Agraria.

Posteriormente, con fecha 7 de septiembre de 2018, el RAN efectuó la calificación registral del acta de asamblea de fecha 12 de agosto del 2018, y el Estado Mexicano --por conducto de ese órgano-- declaró como fallecidos a mil 13 comuneros, incluidos los 22 beneficiarios de la CIDH.

Ellos son: José Medina García, Zenaido García Bernabé, Patricio García García, Víctor Hernández García, Fausto García Bernabé, Juan García Castañeda, Guadalupe Saldaña Marcial, Simón García Hernández, Marina Castañeda Castro, Maximina Xochitla Moreno y Paula Bernabé García.

Andrés García Hernández, Florina García Bernabé, Marina García Maldonado, Juan Bernabé García, Andrés Martínez Robles, Edith Castañeda García, José Domingo Castañeda García, Manuel García Castro, Delfino García Castañeda, Aurelia Castro Jiménez y Mauricio García García.

Cabe recordar que desde el 19 de mayo de 2008 la Comisión Interamericana emitió medidas cautelares a favor de 60 personas, entre familiares, amigos y testigos de los asesinatos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé, perpetrados el 30 de abril de ese año por el expresidente municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Freddy Eucario Morales Arias.

De acuerdo con reportes de esa fecha, Gustavo Castañeda Martínez murió calcinado; Melesio Martínez Robles fue desollado, e Inocencio Medina Bernabé fue ejecutado por órdenes de Morales Arias, a quien le impidieron reelegirse y le exigieron que rindiera cuentas de su administración.

Con fecha 6 de agosto de 2008, la CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a favor de 117 personas más, sin embargo, un pequeño grupo de comuneros seguidores de la familia Morales Arias, responsable de la masacre del 30 de abril del 2008, los mató “legalmente” para despojarlos de sus tierras.

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