Aborto

IPAS México reprocha que diputados rechazaron la despenalización del aborto en Edomex

IPAS apuntó que en 2019 la entidad registro 11 mil 39 “egresos hospitalarios por abortos”, aunque la cifra podría ser mayor si se considera que “existen informes que documentan un subregistro de casos durante años”.
lunes, 16 de agosto de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores del Estado de México faltaron a su compromiso de reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, pese a haber sostenido encuentros con organizaciones civiles, colectivas y mujeres, para despenalizar el aborto.

Al final decidieron “no avanzar en la protección y garantía de los derechos de las mujeres, además de reprender a las manifestantes que demandaban la discusión de iniciativas”, reprochó la organización internacional lPAS México.

A una semana de que feministas fueron reprimidas por personal de seguridad del Congreso --cuando exigían la aprobación de una iniciativa para despenalizar el aborto, congelada desde 2019--, y que los partidos Morena y de la Revolución Democrática (PRD) se comprometieron a promover su aprobación en esta legislatura, IPAS señaló que los diputados locales “perdieron la oportunidad de seguir los pasos de Hidalgo y Veracruz, que despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pues la entidad acumula profundas deudas con las mexiquenses en materia de feminicidios, violencia de género, falta de cobertura anticonceptiva y de servicios de salud”.

IPAS, organización dedicada a la promoción del aborto seguro, resaltó que la negativa del Congreso local a garantizar los derechos de las mujeres las obligará a “acudir a métodos de aborto ilegales, muchas veces arriesgando su vida y su salud”.

En un comunicado destacó que las mujeres se verán obligadas a seguir recurriendo a los servicios médicos de la Ciudad de México, tras recordar que de 2007 a junio de 2021 “el Edomex se ha colocado como la primera entidad con mayor demanda de los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con 64 mil 077 casos”, de acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina.

El Estado de México, alertó, es la entidad con el mayor número de embarazos adolescentes en el país, según el Subsistema de Información de Nacimientos (Sinac), que en 2019 reportó que, de los 237 mil 190 nacimientos, el 18%, esto es, 42 mil 703, correspondieron a madres menores de 20 años.

La organización apuntó que la situación podría ser grave si se considera que en un estudio realizado por investigadores de IPAS para identificar las condiciones en que ocurrieron los embarazos adolescentes, se reveló que “de los 11 mil 794 nacimientos en mexicanas menores de 15 años durante 2017, el 45% de las mujeres reportó que el hombre responsable del embarazo tenía entre 18 y 68 años; es decir, no se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes, sino de niñas siendo obligadas o manipuladas por adultos, mediante el uso de la fuerza (física o moral), el chantaje y amenazas, en un marco de normalización de la violencia y de baja efectividad en materia de procuración de justicia”.

En territorio mexiquense la situación de riesgo para las mujeres adolescentes es mayor si se considera que de 2002 a 2019 “la entidad registró 2 mil 791 defunciones maternas”, de las cuales 310 de las mujeres eran adolescentes, en tanto que, de los 209 fallecimientos motivados por abortos mal practicados, 20 eran menores de edad.

IPAS apuntó que en 2019 la entidad registro 11 mil 39 “egresos hospitalarios por abortos”, aunque la cifra podría ser mayor si se considera que “existen informes que documentan un subregistro de casos durante años”, toda vez que “los egresos hospitalarios no se registran como aborto sino como hemorragias obstétricas, por ejemplo, ante el temor de profesionales de la salud de ser cuestionados o criminalizados”.

De igual manera, la organización internacional apuntó que al no legislarse a favor de la ILE en el Edomex, se incumple con tratados internacionales y recomendaciones de organismos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que “habilitar el acceso a servicios de aborto permite garantizar los derechos de salud y vida”, de acuerdo con una resolución de 2019.

 

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