CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHLN) urgió al gobierno federal “reubicar” al 16º Regimiento de Caballería, emplazado en esa ciudad fronteriza, ante la persistencia de abusos cometidos por personal castrense, a los que se suman los llevados a cabo por elementos de la Guardia Nacional.       

De acuerdo con la organización no gubernamental, en lo que va de 2022 ha interpuesto “seis quejas por violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad” en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la GN, casos que han sido notificados a la oficina de la Presidencia, a la Sedena, a la Secretaría de Gobernación y a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El presidente de la organización no gubernamental, Raymundo Ramos, en un pronunciamiento, expuso que la petición de reubicación del 16º Regimiento se debe a que su personal está “fuera del control de la Sedena”.

Agregó que “entre las víctimas del personal militar pertenecientes al Ejército Mexicano y Guardia Nacional se encuentran menores de edad y mujeres”.

De las seis quejas, en cinco se identifica a personal de la Sedena como responsable de abusos, y en una a miembros de la Guardia Nacional, mientras que, de todos estos casos, en tres se han abierto carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), apuntó Ramos Vázquez.

Pese a que el CDHNL y las víctimas han aportado información a las distintas instancias mencionadas, “no hay una respuesta contundente para detener los abusos ni mucho menos para esclarecer los hechos”, tanto en materia de derechos humanos como en procuración de justicia.

Ramos Vázquez contó que de las autoridades federales, el 22 de abril pasado recibió una comunicación firmada por el subcoordinador de la Unidad de Transparencia y de la Oficina de Atención Ciudadana de la Sedena, el teniente coronel Juan Luis Hernández Castellanos. 

En el documento se le informa al defensor que “su requerimiento se turnó a la Dirección General de Derechos Humanos con el fin de que con fundamento a sus atribuciones y responsabilidades, le brinde la atención que conforme a derecho corresponda”.

“En cuanto a las investigaciones en la FGR, las indagatorias van muy lentas, y de la CNDH, tiene tres meses sin enviar visitadores, psicólogos y peritos a Nuevo Laredo, para atender a las víctimas y dar continuidad a las quejas, pero no hay respuesta, pese a que hemos formulado las peticiones en tiempo y forma”, resaltó Raymundo Ramos.

Las quejas

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo hizo un recuento de las quejas que ha documentado en lo que va de 2022, y que ha interpuesto ante la CNDH.

El primer caso se refiere a una queja por “actos de intimidación y molestia al periodista Amador del Ángel Herrera, conductor de un canal de televisión local”, cuyo automóvil fue revisado en el estacionamiento de la televisora por elementos militares el 25 de enero, sin el consentimiento ni la presencia del periodista, quien videograbó y fotografió a los efectivos castrenses, quienes “al verse sorprendidos”, aludieron a una “revisión de rutina”. Además de la queja ante la CNDH, el periodista solicitó acceso al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El 26 de enero, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra Pedro Eduardo Bartolo, de oficio herrero, cuando se dirigía a su domicilio después de pescar en el río Bravo. El hombre “quedó atrapado en medio de una persecución entre elementos de la Guardia Nacional y un civil, ingresando posteriormente a un hospital privado para su atención médica”.

En marzo, el CDHNL documentó los disparos sin motivo que infringieron elementos de la Sedena desde sus unidades en movimiento en contra de Carlos Eduardo Orozco, Alfredo Rodríguez Torres y Francisco Javier Espinoza, quienes fueron trasladados al Hospital General “en medio de un fuerte despliegue militar que atemorizó a pacientes, personal médico y de enfermería”, hechos ocurridos el 24 de ese mes.

El miércoles 27 de abril, soldados del Ejército Mexicano hostigaron a dos personas que contaban con medidas cautelares solicitadas por la CNDH y aceptadas por la Sedena en 2019. Las víctimas, identificadas como Jéssica VR y su hijo Gerardo, se encontraban sentados en las bancas de Presidencia Municipal de Nuevo Laredo cuando fueron acosados por militares que se trasladaban “en al menos dos camionetas pick up y una unidad blindada, con los números económicos 0916350 y 0916598 y la leyenda EJERCITO MEXICANO (sic)”.

La organización denunció que el 29 de abril, militares a bordo de vehículos con los números económicos 0916546 y 0916585 dispararon y causaron muerte a Alexis Sánchez García, quien tripulaba una camioneta Nissan Kiks color blanco, hechos sobre los cuales “personal militar tardó casi tres horas en informar” a la Fiscalía General de Justicia del estado, “tiempo que aprovechó para manipular el vehículo de la víctima.

De acuerdo con los testimonios de vecinos y familiares, el joven de 25 años “en ningún momento agredió al personal de Sedena”, que lo siguió por varias calles, pues el joven “solamente intentaba llegar a un lugar iluminado para evitar ser arrestado o incriminado como ha sucedido en otros casos de abuso de autoridad”.

El CDHNL recibió la denuncia de una pareja que el pasado 5 de mayo circulaba frente a las instalaciones del Cuartel Militar “Macario Zamora”, perteneciente al 16º Regimiento de Caballería, cuando fueron rodeados por militares, quienes “torturaron a una persona de nombre José Ignacio”, dañaron el vehículo en el que viajaban y los despojaron de 20 mil pesos.

Los hechos fueron videograbados por Perla Jazmín, esposa de José Ignacio, con lo que se identificó a uno de los agresores como el sargento segundo Alfonso Guillermo Méndez. Las víctimas fueron puestas en libertad “bajo amenazas de ejecutarlos extrajudicialmente si denunciaban los hechos”.