MÉXICO, D.F., 7 de diciembre (apro).- El juez primero penal del Reclusorio Norte, Manuel Alvarado Lara, giró una orden de arraigo por el delito de trata contra las 25 personas que mantenían prácticamente secuestradas y en condiciones infrahumanas a 107 indigentes en un falso Centro de Rehabilitación para adictos al alcohol y las drogas ubicado en la delegación iztapalapa. .
 Durante los 30 días de arraigo que otorgó el juez, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) buscará pruebas para sostener las imputaciones contra los presuntos integrantes de la red dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual.
El pasado jueves 3, elementos de la FAS rescataron a las 107 víctimas, de entre 14 y 70 años de edad, quienes se encontraban en el Centro de Rehabilitación, y detuvieron a 23 personas. Un día después, la policía judicial capitalina capturó a otros dos sujetos, quienes en un primer momento se hicieron pasar como víctimas, pero al conocerse su situación fueron trasladados de inmediato a la Fiscalía de Secuestros, al igual que el resto de los aprehendidos.
Entre los detenidos se encuentra, José Antonio Villa Ramos, quien fungía como administrador del "Hospital Santo Tomás”, donde ocurrían los hechos, así como Francisco Javier Rosales García, El Tato, quien interceptaba a las potenciales víctimas en inmediaciones de la Central de Abasto.
Las víctimas, algunas de las cuales no hablaban español, provenían de los estados de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Chihuahua y Nuevo León, así como del Distrito Federal.
La PGJDF informó que las personas “esclavizadas” denunciaron que fueron interceptadas dentro y en las inmediaciones de la Central de Abasto, cerca del centro de rehabilitación, en la delegación de Iztapalapa.
Sin embargo, agregó la dependencia, algunas afirmaron que fueron sus propios familiares quienes las ingresaron a ese instituto, por tener problemas de alcohol y drogadicción, donde los encargados les informaron que no podían permanecer en el lugar más de tres meses, pero varios llevaban ya hasta seis meses encerrados.
Las víctimas vivían en condiciones infrahumanas, insalubres, hacinadas y en condiciones extremas de maltrato y explotación sexual, informó la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales.