Un éxito, despenalización del aborto en el DF: González Placencia

jueves, 6 de mayo de 2010

MÉXICO, D.F., 6 de mayo (apro).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, aseguró que la despenalización del aborto en el Distrito Federal, aprobada hace tres años, ha resultado ser “una experiencia exitosa”.

Durante su participación en el quinto Congreso Latinoamericano y el primer Congreso Centroamericano "Salud y derechos sexuales y reproductivos" que se realiza en Guatemala, el ombudsman del Distrito Federal sostuvo que en México "la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos ha dado muestras claras de una participación ciudadana comprometida, de un movimiento feminista fortalecido y de una agenda pública que se asume políticamente activa".

Más aún, precisó que el avance en estas políticas públicas se ha traducido en un fuerte impacto en la capacidad instalada de los centros de atención médica para encargarse de estos casos, porque se amplió la cobertura de los servicios de salud en general.

En el Distrito Federal, comentó, la despenalización del aborto antes de la semana 12 fue resultado de un proceso reivindicativo de ciudadanos e instituciones que tuvo su corolario en la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la constitucionalidad de la norma.

No obstante, apuntó que aún hay asignaturas pendientes en materia de derechos reproductivos que empiezan a discutirse en el ámbito legislativo, como la maternidad subrogada, la donación de óvulos, los bancos de esperma, el resguardo y uso de embriones sobrantes fecundados in-vitro, la privacidad de los datos genéticos, entre otros.

Destacó que otro ejemplo reciente fue el pronunciamiento público de la CDHDF, así como la promoción de foros de discusión, a raíz de la controversia suscitada por las reformas al Código Civil de la Ciudad de México que permiten el matrimonio gay.

Explicó que tales reformas aprobadas el 21 de diciembre de 2009 dieron lugar a que la Procuraduría General de la República (PGR) promoviera una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal judicial del país.

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