MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y organizaciones civiles urgieron a la Asamblea Legislativa (ALDF) a aprobar el dictamen que tipifica el feminicidio en la Ciudad de México. Consideraron que esta sería una oportunidad histórica de brindar acceso a la justicia y mecanismos de igualdad para las mujeres. La representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, lamentó que se hayan sacado del dictamen las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, que incorporaban una propuesta integral del Gobierno del Distrito Federal (GDF). Los cambios, detalló, establecían la creación de un “Registro público de delitos cometidos contra las mujeres”, brindar cursos con perspectiva de género a agentes del Ministerio Público, peritos y demás personal que atiende a las víctimas, así como la creación de una “Unidad especializada para la investigación de feminicidios”. Por esas razones, exhortó al Ejecutivo local y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a firmar un convenio para crear un registro único de delitos y la unidad especializada. Asimismo, la activista indicó que diversas organizaciones civiles enviarán a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, una carta con firmas para solicitar se realice un periodo extra de sesiones exclusivo para votar el dictamen. El primer visitador de la CDHDF, Mario Patrón, consideró necesario –en caso de que la Asamblea no apruebe las reformas– que el gobierno capitalino cree las bases de datos que permitan establecer protocolos de investigación que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia. En los últimos meses, destacó, el ombudsman capitalino ha recibido unas 136 quejas por violación al derecho a una vida libre de violencia, en las que las víctimas señalan como autoridad responsable a la PGJDF y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Entre las principales violaciones a ese derecho se encuentran: omisión para auxiliar a la víctima cuando hay maltrato físico, verbal, psicoemocional y sexual; cuando ocurre violencia en contexto de trabajo, de familia y en centros escolares, y omisión en la prevención de violencia de índole sexual. Por su parte, Karla Michel Salas, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), dijo que pese a que existe en la PGJDF la agencia que investiga homicidios de mujeres y casos relacionados con homofobia, ésta aún no cuenta con personal suficiente y no están obligados a elaborar protocolos, por lo que consideró necesario darle un respaldo legislativo. Por último, Erick Monterrosas, hermano de Alí Cuevas, quien fue víctima de feminicidio en el Distrito Federal, lamentó que algunos legisladores, magistrados y jueces se esfuercen por “imponer su visión reduccionista”, al calificar la tipificación del feminicidio como “ridícula” y de “extremismo feminista”.