MÉXICO, D.F. (apro).- El proceso de selección de consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en la Asamblea Legislativa (ALDF) fue una “burda simulación”, denunció la organización INCIDE social, que preside Clara Jusidman. En un comunicado, el organismo señaló que los consejeros electorales responden más a intereses de los partidos políticos representados en la ALDF que a la ciudadanía. “No quedaron las personas más capacitadas y expertas en los temas ni las más autónomas, sino aquellas que son incondicionales de ciertos liderazgos y cúpulas de partidos políticos. “En cada nuevo proceso de este tipo participan menos las personas más idóneas y los que quedan, como supuestos representantes de los ciudadanos, son los menos adecuados para las tareas y responsabilidades encomendadas al órgano”, acusó INCIDE social. De acuerdo con la organización hubo diversas irregularidades en el proceso de designación de los siete integrantes del Consejo General del IEDF, desde el lanzamiento de la convocatoria, hasta la conclusión del proceso en esta semana. El Consejo General del órgano electoral local estará integrado por Mauricio Rodríguez Alonso, Luigi Paolo Cerda Ponce, Martha Laura Almaraz Domínguez y Diana Talavera Flores, propuestos por el PRD; Juan Carlos Sánchez León, propuesto por el PAN; Gregorio Galván Rivera, del PRI, y Noemí Luján Ponce, sugerida por el PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Su designación, advirtió el organismo “pone en riesgo el correcto funcionamiento del organismo electoral, la organización de los procesos electorales y de las consultas ciudadanas, así como el cumplimento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, establecidos en la legislación electoral”. Detalló que la Comisión de Asuntos Político Electorales de la ALDF dio poca difusión a la convocatoria porque sólo fue publicada en un diario de circulación nacional y un día después en el sitio web del órgano legislativo. Se estableció un periodo de registro de cuatro días a partir de un día jueves y se atravesaba el fin de semana. En ese lapso los aspirantes debían reunir: copia certificada ante notario de la credencial de elector y del título profesional; constancia de residencia, constancia de no inhabilitación emitida por la Contraloría General del Distrito Federal y por la Secretaría de la Función Pública; además de obtener una carta de postulación por parte de una organización y de realizar un ensayo en materia electoral, entre otros requisitos. Según INCIDE social la escasa difusión, y los reducidos plazos para reunir y presentar la documentación hacen pensar que se pusieron obstáculos a la libre participación de la ciudadanía de manera intencionada y en beneficio de algunos aspirantes que pudieron contar con información anticipada. Añadió que pese a los “obstáculos” se registraron 150 aspirantes de los que 33 quedaron fuera por no presentar la totalidad de los documentos o porque no cubrían los requisitos; otros 46 que sí los cumplían, no contaron con el respaldo de alguna de las fuerzas políticas para pasar a la fase de entrevistas. Con ello más del 50% de las personas inscritas en el proceso no pasaron la fase de registro. Los 73 aspirantes que lograron pasar a la fase de entrevistas con los diputados, fueron atendidos durante cuatro días en audiencias públicas y grabadas en las que a cada uno se le dio el mismo tiempo de exposición, con lo que, aparentemente, se brindó certeza, equidad, publicidad y transparencia al proceso. “Todo esto fue una simulación y una burla para todos los aspirantes que participaron y creyeron en que sería un proceso equitativo y transparente, así como para quienes habitamos en la Ciudad de México; pues finalmente los partidos políticos ya habían decidido con antelación a qué candidatos llevarían a la fase de la negociación y vetos”, cuestionó el organismo. Por si fuera poco todo el proceso de selección fue la práctica de asignar por cuotas y poder de veto, condenó INCIDE Social. “Fieles a su tradición, los partidos políticos pactaron, por encima de la legislación, que a cada uno de ellos les correspondía designar a un número determinado de consejeros electorales, según la fuerza política que representan, así como la capacidad de vetar la propuesta de otros”, fustigó. Lo anterior, abundó, dio a algunos partidos políticos el poder de promover a candidatos propios desde el inicio hasta el final del proceso, sin importar que sobre de éstos pesaran objeciones públicas importantes o que no fueran las personas más idóneas para ocupar dicho cargo. Sin mencionar el nombre del partido, acusó al PRD de haberse adjudicado la designación de más de la mitad de los integrantes del Consejo General del IEDF, en virtud de que es el partido mayoritario en la Asamblea Legislativa. Con ello, el PRD “aseguró una mayoría de consejeros afines, que controlará el funcionamiento del órgano superior del instituto y determinará sus decisiones en función de sus intereses”.