MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Miguel Ángel Mancera deberá indemnizar a los familiares de 19 víctimas de desaparición involuntaria ante las graves violaciones a derechos humanos cometidas por su administración a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de acuerdo con la recomendación 19/2013 emitida por el ombudsman capitalino. El presidente interino de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, destacó que la recomendación –que acumula cuatro casos de desaparición involuntaria de personas y no sólo los del Heaven, bar de la Zona Rosa de donde fueron sustraídas 13 personas el 26 de mayo anterior, entre ellas dos menores de edad– demuestra que la desaparición involuntaria de personas en la capital “no es un hecho aislado, aunque tampoco es sistemático”. Los otros casos incluidos en la recomendación 19/2013 se refieren a la desaparición de Antonio César Ortega Márquez, quien fue visto por última vez la madrugada del 14 de agosto de 2011 en el mismo local del Heaven pero que entonces se llamaba Lancaster; también incluye a cinco personas, entre ellas un adolescente, quienes fueron vistos por última vez el 21 de abril pasado en el centro nocturno Virtual Mix Club, localizado en la delegación Gustavo A. Madero. Además, el caso de Georgina Abigaíl Zitlalpopócatl García, quien de acuerdo con testigos fue subida por la fuerza a una camioneta la madrugada del 10 de marzo de 2012. Según la investigación realizada por la CDHDF, a excepción del caso Heaven, en el que la Procuraduría capitalina ha consignado a 18 personas, en los otros la dependencia no ha realizado investigaciones sustantivas, y los únicos elementos que existen son el resultado de indagatorias realizadas por los mismos familiares. La cuarta visitadora de la CDHDF, Guadalupe Cabrera, asentó que mientras en siete casos “no hay información sobre el paradero” de las víctimas, en el caso Heaven, “ante el hallazgo de los restos, los familiares aún no tienen certeza” de que éstos correspondan a sus parientes desaparecidos. Como resultado de la investigación del organismo, se determinó que la PGJDF es responsable de la violación de los derechos a no sufrir desaparición, acceso a la justicia, a saber la verdad, al esclarecimiento de los hechos investigados, y a que se indague y sancione a los responsables, así como el derecho a la atención integral. En tanto, las autoridades encabezadas por el procurador Rodolfo Ríos Garza habrían faltado a su deber de investigar oportunamente las desapariciones y a la “obligación de los servidores públicos de proteger los derechos de las víctimas en torno a la información reservada y confidencial”. Lo anterior, porque información de los expedientes del caso Heaven fueron filtrados a los medios de comunicación. La cuarta visitadora explicó que en el desarrollo de la investigación la CDHDF pudo determinar la ausencia de “protocolos especializados, tanto para la investigación de casos de desaparición involuntaria como para la atención de las víctimas”. Ello sin contar con que de forma inexplicable, en los casos que engloba la recomendación, no se activaron alertas Ámber a pesar de que dos de las víctimas eran menores. Durante la presentación del reporte, en la que estuvieron parientes de algunas de las víctimas, el presidente interino de la CDHDF aclaró que la recomendación 19/2013 es “la conclusión de una primera fase de la investigación, y vendrá una segunda, una vez que se determine si los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública presuntamente involucrados en el caso Heaven fueron responsables por acción, omisión o aquiescencia”. Si las autoridades de la PGJDF comprobasen la participación de al menos cuatro policías preventivos en la desaparición involuntaria, dijo Patrón Sánchez, “estaríamos ante una desaparición forzada y, si se confirma que los restos corpóreos pertenecen a las víctimas, hablaríamos de ejecuciones extrajudiciales”. En los otros casos de desapariciones involuntarias –“no extravíos ni personas ausentes ni levantones”– hay elementos para determinar que la PGJDF “tuvo omisiones e irregularidades que privaron a los agraviados del acceso a la justicia y a la protección que debe brindar la ley”. La CDHDF recomendó continuar con las investigaciones para dar con el paradero de las 19 víctimas de desaparición, así como con los responsables de los hechos, y facilitar la contratación de servicios de un peritaje independiente para la identificación de los restos en el caso del Heaven. Además, crear protocolos especializados para la investigación de casos de desaparición involuntaria con base en parámetros de Naciones Unidas (ONU) y de la Cruz Roja; crear un programa específico para la atención a familiares de las víctimas, y “reparar integralmente a las víctimas más allá del aspecto monetario, para lo cual se deberán tomar medidas de satisfacción, rehabilitación y medidas de no repetición”. Patrón Sánchez dijo que también se recomendó realizar las investigaciones para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos que no actuaron con la debida diligencia, así como aquellos que pudieron haber filtrado la información confidencial contenida en el expediente del caso Heaven, “en el que varias autoridades, tanto de la PGJDF como del Tribunal Superior de Justicia, han tenido pleno acceso”. Luego agregó que la recomendación también contiene un apartado dirigido a la Secretaría General de Gobierno local para crear programas de atención a la juventud y, en específico, al barrio de Tepito, al considerar que se ha estigmatizado a las víctimas de la desaparición, así como a los habitantes de esa zona. El presidente interino de la CDHDF explicó que el organismo acompañará a los familiares de las víctimas en su demanda de que los restos localizados en el Estado de México –y que presuntamente corresponden a los jóvenes desaparecidos del Heaven– sean analizados por personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyos gastos “tendrán que ser erogados por el gobierno capitalino para dar certeza a los familiares”. Por su parte, familiares de los jóvenes desaparecidos denunciaron que las autoridades del gobierno capitalino han condicionado la entrega de peritajes forenses a cambio de que acepten que los restos pertenecen a sus víctimas y que, sin esos documentos, no es posible la intervención de los forenses argentinos. Sobre las omisiones oficiales, Isabel García –madre de Georgina Abigaíl Zitlalpopócatl García– denunció que después de cinco días la PGJDF determinó abrir una averiguación previa en el Centro de Atención a Personas Extraviada y Ausentes (CAPEA) y que, a insistencia de ella, se solicitaron los videos de cámaras instaladas cerca del sitio donde presuntamente fue privada de la libertad su hija, sin embargo, las grabaciones se solicitaron con fecha inexacta. En este caso, la mujer denunció la ausencia de investigaciones, al grado de que el expediente pasó a manos de la Fiscalía Antisecuestros, dependencia que después de varios meses de no actuar, la regresó CAPEA. “En febrero de este año fui a ver qué pasaba con el caso de mi hija, y resulta que lo tenían archivado y, para colmo, no lo encontraron”, acusó. Mario Patrón Sánchez destacó que entre el lunes y este martes la PGJDF y la Secretaría General de Gobierno recibieron la recomendación, misma que esperan sea aceptada en los próximos 15 días.