Suma la PGJDF otra recomendación por tortura y detención arbitraria

martes, 16 de diciembre de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sumó otra recomendación más de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por detenciones arbitrarias y tortura, ahora contra cinco personas y con el argumento de investigar un presunto secuestro. Se trata de la Recomendación 15/2014 por un caso sucedido la tarde del 7 de junio de 2011. Aquel día, policías de Investigación adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación del Delito, mejor conocida como Fuerza Antisecuestros (FAS), irrumpieron en un local de venta de aceites y lubricantes en la colonia Apatlaco, delegación Iztapalapa. Sin justificación, detuvieron a Germán Heredia Rebollar, Inocencia Rebollar y tres personas más, una de ellas menor de edad. A ninguno le informaron el motivo de su detención ni les recordaron sus derechos ante la ley. Durante la aprehensión y traslado al Ministerio Público, las cinco personas fueron golpeadas y agredidos verbalmente. A los Rebollar incluso, les taparon la cabeza con una bolsa de plástico “con el propósito de se que culparan y proporcionaran información sobre un secuestro”, según la Recomendación. A Germán, Inocencia y otro de los detenidos los acusaron de secuestro agravado, mientras que al segundo agraviado y al menor, de resistencia de particulares. El MP solicitó el arraigo de los tres primeros y el juez 58 de lo Penal del DF lo concedió por 30 días. Al término de ese plazo, el juez liberó a Inocencia y al tercer detenido pues el MP no acreditó su responsabilidad en el delito. Germán fue detenido de nuevo por orden del mismo juez. Los otros dos quedaron libres bajo fianza. La titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, informó que la Primera Visitaduría General del organismo acreditó que los policías mencionados violaron el derecho a la libertad personal a la niñez –por el agraviado menor de edad–, y al derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos degradantes. En conferencia este martes, detalló que personal ministerial de la Fiscalía para la Atención del Delito de Secuestro y del Juzgado 58 de lo Penal fue omiso a tomar acciones para investigar los actos en contra de esas personas, por lo que incumplieron su obligación de combatir la tortura. Por ello, dentro de la Recomendación 15/2014, Gómez Gallardo pidió a la PGJDF reparar de inmediato el daño causado a las víctimas, por los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral, y que les brinde el tratamiento psicológico necesario. Además, solicitó determinar las sanciones a los policías relacionados con estos hechos. La titular de la CDHDF recordó que el pasado 27 de noviembre este organismo dirigió la Recomendación 14/2014 a la PGJDF, las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno, así como a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y al Tribunal Superior de Justicia local, por los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de 95 personas. Acusan inadecuada atención médica a presos La CDHDF también emitió la Recomendación 16/2014 contra la Secretaría de Salud del gobierno capitalino, por no brindar adecuada atención a 20 personas recluidas en cuatro prisiones de esta capital y que estaban enfermas de diabetes, tuberculosis, cáncer terminal y VIH no diagnosticado, entre otros. De las 20 personas que se quejaron, 18 murieron. Según Perla Gómez, desde 2009 hasta 2013, personal de la CDHDF recabó evidencias de que los servidores encargados de dar el servicio de salud en los reclusorios varoniles Norte, Oriente, Sur y del Centro de Rehabilitación Psicosocial, además de los hospitales generales de Xoco, Enrique Cabrera, Gregorio Salas, Ticomán, Balbuena e Iztapalapa, no actuaron con profesionalismo ni respeto a los derechos humanos. Los derechos que se violaron fueron a la salud, a la vida, y a la integridad personal de personas privadas de su libertad en los reclusorios el DF. Los casos denunciados van desde un inadecuado diagnóstico y seguimiento mal diagnóstico así como la falta de atención oportuna, de insumos, de equipo médico y de personal adecuado. En la Recomendación el organismo demandó a la Secretaría de Salud reparar integralmente a las víctimas o familiares, en ocho casos por daño material e inmaterial, ocasionado por las violaciones a sus derechos humanos. Además pidió inscribir a las familias de las víctimas en programas de apoyo social hasta que culminen una carrera profesional o hayan aprendido algún oficio. Incluso, solicitó cubrir los gastos funerarios de las personas fallecidas.  

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