MÉXICO, D.F. (apro).- A partir de este jueves, la policía capitalina estará obligada a leer sus derechos y esposar a los infractores de la ley en caso necesario, en cumplimiento del nuevo protocolo de actuación policial. En el documento publicado en la Gaceta Oficial del DF, a propósito de la operación del nuevo sistema penal acusatorio, se dan los lineamientos generales de cómo deben proceder los uniformados en el uso de la fuerza, la preservación del lugar de los hechos y la cadena de custodia durante la presunta comisión de un delito. El protocolo indica que el uniformado deberá informar al detenido los siguientes derechos: saber el motivo de la aprehensión, informar a alguien de la detención, declarar o guardar silencio, saber que es inocente “hasta que se le compruebe lo contrario”, que tiene derecho a no “autoincriminarse” y a tener un abogado de su elección o uno del Estado gratis. Además, el policía deberá informar que tiene derecho a que un familiar o persona de su interés sea informado del lugar a dónde lo llevarán custodiado, a tener un intérprete o traductor –en caso de necesitarlo--; si es extranjero, que el consulado de su país sea notificado de su detención, y, por último, que tiene derecho “a que se le ponga, sin demora a disposición de la autoridad competente”. Entre los ordenamientos destacan que en caso de una detención en flagrancia, los policías podrán realizar revisiones a las personas y lo que lleven consigo, en especial si son instrumentos o productos relacionados con hechos probablemente constitutivos de delito. Si la persona se resiste a la detención, el uniformado deberá aplicar la disuasión verbal, reducción física de movimientos, uso de armas incapacitantes no letales y, en el último de los casos, uso de armas de fuego o de fuerza letal. De acuerdo con el documento, el guardia “empleará el uso de la fuerza de forma racional, oportuna y proporcional”. El protocolo informa que “la policía cumplirá sus funciones con imparcialidad, objetividad, respeto y protección de la dignidad humana y los derechos humanos”. Continúa: “La policía actuará con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como a lo establecido en el Código Nacional”. Otras de las obligaciones de los uniformados son, según el protocolo, entrevistar a las personas que puedan aportar información para la investigación del hecho; dar atención a víctimas o testigos del delito y procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria. También el policía estará facultado para recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio de forma inmediata. “En los casos de que no exista flagrancia, la policía que reciba de cualquier persona una denuncia tendrá la obligación de tomar conocimiento de los hechos y registrarlos en el formato de recepción de denuncias”, aclara el protocolo. Dicho formato deberá contener nombre y firma del denunciante, domicilio, teléfono, nombre del denunciado si se tiene, datos de localización de quien denuncia, narración breve de los hechos con fecha, hora y lugar. Sin embargo, el protocolo aclara que los policías también podrán recibir denuncias anónimas. La SSP-DF realizó la publicación de estos protocolos luego de una ola de críticas de asociaciones defensoras de derechos humanos y en las redes sociales, ante los operativos aplicados en las recientes manifestaciones masivas en la Ciudad de México relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.