MÉXICO, D.F. (apro).- Vecinos de colonias y barrios de la Ciudad de México se manifestaron contra una iniciativa legislativa que consideran “anticonstitucional” y busca “beneficiar” a constructores inmobiliarios”. Frente a lo que consideran un crecimiento desordenado de edificaciones en la ciudad, sin respeto a la Ley de Desarrollo Urbano y violando los reglamentos, un centenar de capitalinos se concentró hoy en las escalinatas de la Asamblea Legislativa (ALDF) para protestar contra los intentos de aprobar la “Norma de ordenación general de desarrollo urbano para incentivar la vivienda social en venta y en renta del Distrito Federal”. La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario del PRD, “permite a los constructores redensificar de cinco a ocho niveles en cualquier parte de la ciudad, sin que haya control o programación; estamos bajo el argumento de que la ciudad necesita 70 mil viviendas de interés social”, explicó Susana Kanahuati, de la agrupación Vecinos Unidos. Representante también de la Asociación de Colonos de San Ángel, Kanahuati recordó que el déficit de vivienda de interés social se explica porque durante los últimos cinco años “desarrolladores inmobiliarios declaraban que realizaban obras amparados en la Norma 26 (para vivienda popular) para después de forma ilegal vender casas habitación de nivel medio o alto”. Luego de señalar que existen unos 3 mil desarrollos con estas características “sin que se haya sancionado uno solo”, la activista añadió que la iniciativa promovida por el PRD clasifica como “vivienda social” construcciones de 33 metros cuadrados que puedan ser rentadas con una base mínima de 9 mil pesos. Oswaldo Mendoza, del Comité Ciudadano de Xoco, agregó que la iniciativa propuesta por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, encabezada por el perredista Carlos Hernández Mirón, y respaldada por la Seduvi, “hace a cualquier área de la ciudad de México susceptible de construcción, no importando si es zona de conservación patrimonial, medioambiental, de riesgo, barrancas, nada, sólo importa el desarrollo como tal”. Para el activista esta modificación permite “aplanar el camino para los desarrolladores, que se legalicen las violaciones a la ley, y es contradictoria porque la norma estaría por encima de la Ley de Desarrollo Urbano y los reglamentos, lo que es inconstitucional”. Mendoza, quien ha sostenido una batalla legal contra el desarrollo inmobiliario Mitikah, agregó que la iniciativa “consolida el Reglamento de Construcciones que emitió por decreto el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que tiene una orientación meramente recaudatoria, pues si tú registras una construcción como unifamiliar o plurifamiliar, y mañana se te da la gana hacer un hotel, pagas una multa y sanseacabó”. Además, señala que esos recursos se van a un fideicomiso a cargo de Seduvi, “pero no se explica a dónde van y quién los audita”. Para Marcos Fuentes, de la asociación de vecinos de Los Pedregales, de la delegación Coyoacán, la iniciativa tiene tintes electorales, debido a que es respaldada por legisladores que buscan otros cargos de elección popular, conocidos como “chapulines”. “Esta norma es el cierre de campaña de los ‘chapulines’, es la concesión al capital inmobiliario para destruir la forma de vida de los habitantes del DF y promover la construcción anárquica de vivienda”, acusó. El dirigente vecinal identificó entre los beneficiaros a grandes empresarios de familias como Vázquez Raña, Harp Helú, Azcárraga, Salinas Pliego y Aramburuzavala, entre otras, que impulsan proyectos inmobiliarios en la capital del país. Fuentes consideró que la reforma en materia inmobiliaria es “un pacto entre el gobierno del Mancera y los millonarios para que le garanticen los recursos y siga gobernando, por eso lo hacen en este momento de las campañas políticas, porque hay un compromiso mutuo, el gobierno autoriza y ellos a su vez le entregan dinero para que siga gobernando el mismo partido en el DF”. Ciudadanos presentes en el mitin expresaron sus preocupaciones por los riesgos que representa la iniciativa, ya que no toman en cuenta la condición de sismicidad o la disponibilidad de servicios de agua, drenaje y vialidades, así como la flexibilidad para la ocupación de áreas verdes para la edificación de vivienda.