MÉXICO, D.F. (apro).- A siete años de la tragedia en la discoteca New’s Divine de la delegación Gustavo A. Madero, familiares de los jóvenes y los policías que perdieron la vida no ven  justicia “por ningún lado”. Peor aún, cada declaración que escuchan en la prensa de Marcelo Ebrard y Joel Ortega y, en aquel tiempo jefe de Gobierno y secretario de Seguridad Pública, respectivamente, les recuerda el grado de impunidad que existe en el país. “Nuestra esperanza era la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y nos falló con la liberación de los 11 policías, los exoneró de todo (el pasado 8 de abril)”, cuenta a Apro Carmen Rivas Nájera, madre de Leonardo Amador Rivas, joven de 24 años que trabajaba como “cadenero” en la discoteca aquella tarde del jueves 20 de junio de 2008. Según el reporte que le dieron las autoridades, su hijo –el que le dijo que nunca se casaría y que viviría siempre con ella–, falleció por asfixia, pero ella lo duda. “Desde el principio me preguntaba si Leonardo había sufrido antes de morir. Eso me pesa. Me dijeron que no, que murió de asfixia: lo apretaron, lo pisaron y no le dolió nada. Pero yo no creo, no se necesita ser experta para saber, pero él no murió de eso. Nos cuentan cuentos chinos y al final no hay justicia. Yo tengo duda de todo”. Tras siete años de aquella pérdida, la indignación la empuja a seguir con la exigencia de justicia: “No es posible que nuestros hijos estén tres metros bajo tierra y ninguno de los homicidas en prisión, a nadie se le ha fincado responsabilidades. Para nosotros es indignante, muy triste”. Con su cabello canoso y sus ojos arrugados, Carmen Rivas expresa su permanente coraje: “Hay tantos jóvenes en la ciudad y dejan a todos esos asesinos, porque para mí son asesinos Joel Ortega, Rodolfo Félix, Luis Rosales Gamboa y Marcelo Ebrard, porque él (Ebrard) fue el que formó la Unipol, él tuvo la responsabilidad. Todos ellos son responsables”, repite. Y hace énfasis en el actual director general del Metro, Joel Ortega: “Ellos andan sueltos y hasta con mejores puestos porque a todos los premiaron. Joel Ortega hizo una matazón, yo lo responsabilizo a él y Dios quiera que no lo haga ahora en el Metro porque cada vez está peor”. CDHDF prepara Amicus Curiae Todo ese sentimiento llevó a Carmen Rivas a presentarse este viernes en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para escuchar el anuncio de la presidenta, Perla Gómez, sobre la presentación “en breve” de un recurso legal Amicus Curiae ante la SCJN. Con este documento técnico jurídico, explicó la ombudsperson, el organismo defensor pretende que los ministros de la Primera Sala  “valoren elementos de derechos humanos para las resoluciones pendientes” en el caso. La funcionaria enfatizó en la importancia de “la obligación de autoridades del Estado para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del daño, así como las responsabilidades que se deriven de las deliberaciones que haga este órgano colegiado”. El Amicus Curiae que presentará la CDHDF a la SCJN llevará la participación de consejeros y exconsejeros de la Comisión y, según Gómez Gallardo, se tiene “la convicción de que no se puede tolerar que prevalezca un escenario de impunidad respecto de ninguna violación a derechos humanos”. Luego, adelantó el llamado a los ministros a que valoren el documento y haya apertura para escuchar a las víctimas. Perla Gómez recordó que un mes después de la tragedia, la CDHDF –entonces dirigida por Emilio Álvarez Icaza, actual secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– presentó la Recomendación 11/2008 con la conclusión de que en el operativo policiaco fallido se cometieron “graves violaciones a los derechos humanos”. El operativo fue dirigido por el Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (UNIPOL) con participación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia capitalinas. La Recomendación fue dirigida a la Jefatura de Gobierno del DF y a la Jefatura de la Delegación Gustavo A. Madero. La funcionaria reconoció avances en el cumplimiento de dicha recomendación, como la creación de la Unidad Preventiva Juvenil, protocolos de actuación y la construcción de un Memorial –según adelantó que se inaugurará mañana en el mismo lugar donde estaba la discoteca, en la colonia Nueva Atzacoalco–, para recordar y reivindicar a las víctimas y coadyuvar a la no repetición de hechos similares. La CDHDF, agregó Perla Gómez “reitera su compromiso con las víctimas y sus familiares, a fin de seguir acompañando sus esfuerzos en la exigencia de que las autoridades cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, se repare el daño causado plenamente y se alcance la verdad y la justicia, incluso ante instancias internacionales”. Nancy Pérez García, consejera de la CDHDF, afirmó que aún hay “una deuda histórica” del GDF con los jóvenes a quienes se les ha criminalizado y reprimido y se está lejos de garantizarles sus derechos humanos. Agregó que es necesario consolidar presupuestos y políticas públicas para ellos, así como marcos normativos sobre el actuar de las autoridades en general. Lawrence Salomé Flores Ayvar, también consejero del órgano autónomo, exigió al GDF llegar a “la verdad histórica”, así como fincar responsabilidades. El consejero José Antonio Caballero exigió que las autoridades garanticen la resolución de este caso a la brevedad, pues no ha habido justicia expedita y pronta. El mensaje, dijo, debe ser “nunca más” una tragedia como esta en la ciudad. Llevarán caso a la CIDH Leticia Morales Bravo, madre de Rafael Morales Bravo, uno de los nueve adolescentes que murió a causa de la estampida provocada por el operativo policiaco en la discoteca y “el tapón” que puso la misma policía en la única salida del lugar, asegura que de no obtener la respuesta esperada en la SCJN, seguirán su lucha en instancias internacionales. “Yo siempre he dicho que esto no se acaba hasta que se acaba y vamos a seguir peleando, porque finalmente los únicos muertos fueron nuestros hijos y eso no nos da ninguna satisfacción porque no vemos la justicia por ningún lado”, reclama. De gesto duro, serio, decidido, confía en que el Amicus Curiae que presentará la CDHDF a la Primera Sala de la Corte sirva para obtener justicia “y no nos llevemos otra decepción, porque eso acabaría con nosotros”, en referencia a la reciente liberación de 11 policías procesados por su presunta responsabilidad en el operativo. “Esa resolución fue muy fuerte porque esperábamos que la Suprema Corte como última instancia fuera favorable para nosotros. No lo fue, sí nos dolió mucho, no lo voy a negar, pero creo que esto no se acaba hasta que se acaba. Nos hace dar un paso hacia adelante que es ir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos para allá. Por lo menos ya tenemos 11 casos resueltos y ya después vamos a los otros”.