CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los primeros tres años del gobierno de Miguel Ángel Mancera, al menos unos 500 jóvenes en su mayoría han sido detenidos de manera arbitraria, en su mayoría en el marco de 29 movilizaciones y protestas realizadas en la capital del país, denunciaron víctimas y defensores de derechos humanos. Francisco Estrada Correa, asesor legal de detenidos y expositor en la presentación del informe “Violaciones a los derechos humanos en la Ciudad de México, los saldos de la represión contra manifestantes”, sostuvo que la cifra podría ser mayor porque los datos presentados sólo abarcan el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015, todos documentadas en las agencias ministeriales. Bajo esta lupa, al menos otros 28 ciudadanos no fueron remitidos al MP o se desconce su paradero, de acuerdo con denuncias de sus familiares y organizaciones sociales, por lo que la cifra superaría los 500. En el informe tampoco se añaden los ocurridos este y el año pasado. Como parte de los datos que ofreció el también litigante en el Museo Casa de la Memoria Indómita está que, derivado del mismo periodo de represión, cuatro jóvenes continúan en prisión y 96 fueron sometidos a proceso, 39 de los cuales tienen que firmar semanal o mensualmente y carecen de sus derechos políticos. Las manifestaciones del 1ero de diciembre de 2012, 10 de junio de 2013 y dos de octubre del mismo año fueron las que más registraron detenidos (con 104, 26 y 124, respectivamente). Estrada Correa explicó que el “sistema represor” que arrancó en diciembre de 2012 no solo ocurre en el ejercicio de la plena libertad de expresión de cientos de capitalinos y en una ciudad que se dice de derechos y de izquierda, sino que además se dan en un marco en el que se cometen otros delitos. Principalmente, dijo, tortura contra los jóvenes, estigmatización a través de los medios de comunicación (al argumentar que “eran anarquistas”), violaciones al debido proceso, así como la invención de delitos: ultraje a la autoridad, ataque a la paz pública y aportación de objetos para agredir a elementos de seguridades pública. Las sentencias también están amañadas, remató. En el encuentro, Estrada Correa además recriminó la actuación de la exombudsman capitalina Perla Gómez, pues mencionó que bajo su cargo la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) tan sólo emitió siete recomendaciones en beneficio de 247 víctimas. “La comisión de Derechos Humanos no ayudó en nada, criminalizó a los muchachos, incluso bajo los mismos argumentos que utilizó el gobierno de la capital para detenerlos. Perla Gómez jamás alzó la voz por alguno y eso la historia se lo va a recriminar” Estrada Correa aprovechó para recordar el compromiso de la Asamblea Legislativa de la capital (ALDF) de votar, en lo que resta del periodo de sesiones, a favor del dictamen de la iniciativa de Amnistía de la CDMX que propusieron desde agosto de 2015 y con la que serían suprimidos los efectos y sanciones de los delitos de estos jóvenes.