CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A siete años del homicidio del estudiante y activista de la UNAM, Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) demandó a las autoridades capitalinas crear una comisión de expertos independientes para que investiguen el caso, como parte de la Recomendación 2/2018 emitida este miércoles. El estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras fue ejecutado a balazos la noche del 26 de octubre de 2011, cuando Miguel Ángel Mancera -exjefe de gobierno y próximo senador de la República- era titular de la Procuraduría General de Justicia local (hoy PGJ-CDMX). Este miércoles, la Comisión puso en evidencia un caso más en el que la Procuraduría capitalina realizó una indebida procuración de justicia al no agotar todas las líneas de investigación y cometer múltiples violaciones a los derechos humanos de los familiares de las víctimas, en este caso, de María de Lourdes Mejía Aguilar, madre del activista. También señaló como responsables a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos. Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHDF, explicó que desde el inicio de la investigación se evidenció que la actuación de las autoridades encargadas de procurar justicia fue inadecuada pues, por ejemplo, hubo un incorrecto resguardo del lugar de los hechos, una ineficaz cadena de custodia, ausencia de líneas claras de investigación, demora para resolver. Y lo más grave, “hasta el momento no se ha identificado al responsable”. Así, el organismo documentó violaciones a los siguientes derechos humanos: al debido proceso, acceso a la justicia y verdad en relación con el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica; a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria de las personas fallecidas, el derecho a la intimidad y vida privada; y a la protesta social en ejercicio de la libertad de expresión. La funcionaria destacó que en esta investigación se han hecho más de tres mil diligencias. “Sin embargo, estas no han sido efectivas para encontrar al culpable y revelar la verdad de los hechos”, dijo. Además de crear una comisión de expertos para que elabore un estudio técnico-jurídico de la averiguación previa, la Recomendación 02/2018 señala otros ocho puntos dirigidos a las autoridades señaladas que, en términos generales, consisten en la indemnización a las víctimas por daño material e inmaterial, así como las afectaciones a su proyecto de vida; su rehabilitación médico-psicológica especializada; su inclusión a los programas sociales que se requieran. En particular, la CDHDF solicitó una disculpa pública para las víctimas, en la que se reivindique y preserve la honra y memoria de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía y se reconozca su labor como activista social; así como la elaboración de un mural conmemorativo en su honor. La ombudsperson local destacó que las autoridades capitalinas señaladas tienen un plazo de 30 días para aceptar la Recomendación y, de paso, recordó que éstas tienen 20 Recomendaciones activas. La noche del 26 de octubre de 2011, Carlos Sinhué Cuevas Mejía, activista del auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, mejor conocido como “Che Guevara”, fue asesinado cuando bajaba del transporte público en la zona de Topilejo, en la delegación Tlalpan, al sur de la capital. Su cadáver tenía 16 impactos de bala. Desde el inicio de la indagatoria, la familia de Carlos Sinuhé acusó que éste fue víctima de una ejecución extrajudicial y que la autoridad, además de ser omisa en las investigaciones, se dedicó a criminalizar al joven y se negó en investigar las líneas que conducían a un homicidio político, pese a la existencia de elementos que corroboraban esta versión. De acuerdo con una nota publicada por apro el  7 de octubre de 2015, el entonces procurador Mancera Espinosa afirmó que los motivos del asesinato eran pasionales, subrayó que Sinuhé tenía “un carácter irascible” y vinculó el hecho con asuntos de drogas. El funcionario tampoco tomó en cuenta una bitácora que elaboró el propio estudiante, donde reportaba las acciones de hostigamiento que cometían pseudoestudiantes de la UNAM y nietos de militares, en su contra.