CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a un juez de Distrito reanudar el proceso penal contra el exjefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, por desacato a una promoción de amparo tramitada por verificadores de dicha demarcación para que les otorgaran prerrogativas laborales, que no se les entregaron en tiempo y forma. El perredista Moreno Rivera fue destituido por la propia SCJN en noviembre de 2017 por incumplir con la orden judicial emitida entonces por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de esta capital, el pasado 29 de septiembre de 2014. Los quejosos obtuvieron una resolución a su favor el 23 de enero de 2013. En ese entonces, la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje decidió otorgar la razón a los trabajadores y ordenó a la delegación expedir el nombramiento de verificadores, además de reponer diferencias de salarios y aguinaldos, así como el otorgamiento de los materiales necesarios para cumplir con su labor. Al resolver el Incidente de Inejecución de Sentencia 296/2016, los ministros de la Corte, según comunicó la misma instancia, se basaron en lo expuesto en el Artículo 107, fracción XVI de la Constitución. Dicho apartado indica que “si la autoridad incumple injustificadamente la sentencia que concedió el amparo, la Suprema Corte de Justicia procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de Distrito, por la desobediencia cometida, según lo prevé el artículo 267 de la Ley de Amparo”. El consejero jurídico y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Manuel Granados, expresó que esperarán a que se notifique a la delegación para saber en qué términos vienen los considerandos y resolutivos, ya que sólo se conoce la síntesis de la resolución y no los alcances del propio engrose. Expuso que la notificación podría tardar un día, una semana y hasta tres meses, pero una vez que se haga llegar, habrá que determinar el esquema que se tomará ante el juez correspondiente, ya que no es un delito grave y usarán todos los recursos legales para generar las condiciones de cumplimiento.