Exigen a Salazar investigar a exfuncionarios de la PGJE

miércoles, 19 de diciembre de 2001
Tuxtla Gutiérrez, - A seis años de la tortura y ejecución extrajudicial del labriego Reyes Penagos Martínez, miembros de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV) exigieron al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía que investigue y castigue a los exfuncionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado que ordenaron su asesinato De acuerdo con los miembros del organismo, dicho crimen fue documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en él estuvo involucrado el exprocurador general de Justicia, Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien también es investigado por alterar el lugar de los hechos después de la masacre de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997 En carta pública emitida este martes, los campesinos de la UCPFV relatan que el 15 de diciembre de 1995, cuando protestaban para exigir la cancelación de más de 17 órdenes de aprehensión contra sus compañeros, fueron desalojados violentamente por elementos de la PGJE, Seguridad Pública y Ejército Mexicano Penagos Martínez, Julieta Flores y su padre, Enrique Flores, fueron detenidos entonces A los tres los sometieron a torturas, pero Reyes Penagos Martínez "se les fue", como dicen, y a sus familiares les fue entregado el cuerpo con dos balazos en el costado, quemaduras en varias partes del cuerpo, fractura en la mandíbula, tobillo y cráneo, así como sus testículos extirpados El 17 de diciembre, los judiciales que entregaron el cadáver a su esposa Everilda Roblero argumentaron que había muerto en una emboscada que les habían perpetrado los compañeros del occiso Ante la queja de la viuda y de sus compañeros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 48/98 en contra del exprocurador Jorque Enrique y tres de los policías a su cargo; pero esta denuncia también fue elevada ante la CIDH, que instruyó el expediente 11822 Este martes, los compañeros de Reyes Penagos Martínez exigieron la indemnización a los familiares del torturado, su esposa y sus cinco hijos Dijeron que "no se puede hablar de democracia y justicia cuando todavía los asesinos de luchadores sociales viven en la impunidad" "Este gobierno está obligado y debe investigar y castigar a los responsables de esos crímenes, o de lo contrario será un cómplice, como lo fueron sus antecesores, Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén", sentenciaron18/12/01

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