Tuxtla Gutiérrez, Chis - Hacinados en el penal de Cerro Hueco, cerca de 80 indígenas, tres exjefes policiacos y un general, quien habla por vez primera a Proceso, permanecen en prisión, la mayoría purgando sentencia; otros, aún en la espera, después de cuatro años de haberse perpetrado la matanza de 45 indígenas tzotziles a manos de un grupo armado de filiación priista Otros exservidores públicos implicados en el caso están prófugos de la justicia, amparados o bien han encontrado cobijo como jefes policiacos en el nuevo gobierno de Pablo Salazar, el mismo que criticó recientemente la liberación de seis indígenas, quienes fueron exonerados de responsabilidad por la masacre Cinco de los 85 indígenas, Mariano Luna Pérez, Roberto Méndez Gutiérrez, Felipe Luna Pérez, Lorenzo Pérez Vázquez y Alfredo Hernández Ruiz, confiesan haber participado en la masacre, por lo que piden la libertad del resto de sus compañeros Los cinco indígenas dicen que fue venganza, que eran nueve en total, pero que cuatro de ellos, paradójicamente, se refugiaron en el municipio autónomo de Polhó Actualmente, en prisión también se encuentra el alcalde en el momento de la matanza, Jacinto Arias Cruz, y el principal líder de los priistas, Tomás Pérez Méndez, así como Antonio Vázquez Secum, padre de Agustín Vázquez Secum, cuya muerte aceleró la masacre previamente anunciada El mes pasado recibieron sentencia absolutoria Antonio López Santiz, Diego Hernández Gutiérrez, Domingo Entzín López, Martín Santiz, Pedro Méndez Vázquez y Moisés Pérez Pérez A excepción de 20 de los indígenas, la mayoría fue sentenciada a más de 35 años de cárcel; apenas llevan cuatro, todos se dicen inocentes y celebran que cinco de sus compañeros hayan declarado responsabilidad, pero hasta hoy nada de eso ha valido, siguen ahí, conviviendo con secuestradores, asaltabancos, narcotraficantes, carteristas, luchadores sociales y zapatistas, entre otros A diferencia del resto de los indígenas implicados en la matanza, los cinco confesos de la masacre hablan con cualquier reportero, pues como los jueces no les escuchan, esperan hacerlo públicamente en los diferentes medios Entre los indígenas se encuentra en la fase terminal, por insuficiencia renal, Gregorio Vázquez López, por el que imploran sus demás compañeros para que se le deje lo más pronto posible, "para que se vaya a morir con su gente" Roberto García Rivas, Roberto Martín Méndez, y Absalón Gordillo Díaz se encuentran, por ser expolicías, en otra área del penal de Cerro Hueco, en las Celdas de Observación y Clasificación (COC), que hoy albergan a exjudiciales, exfuncionario del gobierno de Roberto Albores y demás exservidores públicos del fuero común o federal Los dos primeros están purgando ocho años de cárcel y el tercero siete, por lo que han empezado a tramitar su preliberación ante los juzgados del fueron común, ante los que fueron procesados y sentenciados a prisión Este mitad de este año quedó preso Felipe Vázquez Espinosa, otro exjefe policiaco; todos fueron acusados de homicidio y lesiones por omisión, es decir, de proteger al grupo armado que ejecutó a los indígenas Después de varios años de intentar siquiera platicar con él, el general retirado Julio César Santiago Díaz, implicado también en la masacre, aceptó platicar con el reportero de Apro, en su pequeña celda a unos pasos de la oficina del director del penal Parco, entre libros, periódicos y pantalones y camisas que cuelgan por todos lados, el general Santiago Díaz dice todavía estar resentido con el reportaje que publicó Proceso en marzo de 1998, donde se dan detalles de su declaración ministerial Aunque pide que no se publique nada, pues esto es sólo un "primer acercamiento", en su pequeña mesa dispone de un carpeta donde a cada pregunta del reportero sustenta siempre sus respuestas con algún documento Finalmente decide que sólo se dé cuenta de su flexibilidad a este medio El general Santiago Díaz accede a que se publiquen textualmente algunas palabras y, como si estuviera en la rejilla de prácticas durante una diligencia, dicta al reportero, pausadamente: "Mi conciencia está completamente tranquila; mi familia está consciente de lo injusto que han sido conmigo Tengo la comprensión de mis amigos Saben, me conocen y piensan que yo fui incapaz de cometer los delitos de los que me impugnaron Me considero totalmente inocente" El militar muestra documentos del inicio de la lucha por su preliberación, pues fue sentenciado a ocho años de cárcel y apenas en abril del 2002 cumple los cuatro en esta penal de Cerro Hueco Al momento de la masacre era asesor de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública y director de la Policía Auxiliar Pero otros exjefes policiacos y demás exservidores públicos corrieron con mejor suerte, o se ampararon, o bien están prófugos todavía, o han sido reinstalados en su puestos; tales son los casos del general Jorge Gamboa Solís, José Luis Rodríguez Orozco, el exprocurador Jorge Enrique Hernández Aguilar y José Antonio del Carmen Nuricumbo Del Carmen fue recientemente reinstalado en su puesto por el secretario de Seguridad Pública, Mauricio Gándara Gallardo, persona de confianza del gobernador Pendientes por el caso Acteal quedan todavía, ante la PGR, 29 órdenes de aprehensión giradas contra indígenas en el municipio de Chenalhó, y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se encuentran pendientes otras 155, pero por delitos previos a los hechos sangrientos de Acteal El sábado, como cada año, indígenas se reunirán para rezar por sus muertos, mientras tanto aquí en Cerro Hueco lloran "la injusta justicia", como dice el general Santiago Díaz 21/12/01