La falta de autonomía del Poder Judicial impide la administración de justicia, asegura ONG

sábado, 6 de abril de 2002
México, D F (apro)- Mientras el Poder Judicial no cuente con autonomía e independencia plenas, la administración de justicia en México seguirá incurriendo en violaciones al derecho y socavando la seguridad jurídica La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para todos", sostiene que las decisiones del Poder Judicial de la Federación y local no gozan de autonomía plena, principalmente, porque no está establecida la inamovilidad de los jueces En este sentido, subraya que resulta evidente que el Poder Judicial dependa de las decisiones que le son trazadas desde el Poder Ejecutivo, al extremo de que las sentencias son reiterativas en eximir de responsabilidad alguna a autoridades señaladas como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sin tomar en consideración recomendaciones de órganos nacionales e internacionales, e inclusive de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A esto, apunta, se suman las graves deficiencias en la labor de los defensores de oficio, cuya función se ve disminuida, entre otras cosas, por el exceso de trabajo, la colusión que existe con los juzgadores, falta de preparación y despreocupación por la situación de los procesados A juicio de la Red "Todos los Derechos para Todos", los problemas más comunes en torno a la administración de justicia, son: negligencia o dilación administrativa en el proceso jurisdiccional (los procesos duran más tiempo del permitido por la ley sin que se dicte sentencia); la extorsión; la falsificación de documentos; la negativa a la reparación del daño por parte del estado; la omisión de imposición de sanción legal; el tráfico de influencia, y la negativa al derecho de petición Dentro de la Agenda Mínima de Justicia y Derechos Humanos, a la que en teoría debería someterse el estado mexicano, el derecho a un juicio justo parece letra muerta, porque los jueces y magistrados del Poder Judicial, a nivel estatal y federal, desconocen la existencia y contenido de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, subraya la Red Al referirse a la ineficacia del Consejo de la Judicatura, que tiene entre sus facultades la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, sostiene que sus funciones se han visto severamente limitadas por la misma conformación del Consejo, dado que, de los siete miembros que la integran, cuatro de ellos, incluyendo al Presidente ? que a su vez es presidente de la Corte- provienen del mismo Poder Judicial Federal y son nombrados directamente por los ministros de la Corte Por esta razón, advierte, existe una tendencia a encubrir y justificar las faltas que cometen los magistrados y jueces federales en el desarrollo de su trabajo Incluso, los juzgadores incompetentes o corruptos gozan de la impunidad que les facilita la ineficacia de este órgano de vigilancia, dice A juicio de la Red "Todos los derechos para todos", para garantizar el derecho a un juicio justo se deben contemplar los siguientes elementos: "Establecer la inamovilidad de jueces y magistrados para dotar al Poder Judicial de mayor autonomía; Mejor las condiciones laborales de los defensores de oficio; Fortalecer la administración de justicia, trasladando los tribunales Fiscal de la Federación, y de lo Contencioso Administrativo al Poder Judicial; Invalidar el amparo para efectos en los casos en que por su trascendencia política los responsables de violaciones a los derechos humanos no puedan quedar impunes "Reformar el artículo 123 Constitucional para omitir la discrecionalidad del Presidente de la República de expulsar extranjeros porque atenta contra el derecho de audiencia; Otorgar mayores facultades a la CNDH y comisiones estatales, para que sean competentes en materia electoral, laboral y de lo contencioso administrativo; Y adecuar el orden jurídico interno para dar cumplimiento a las resoluciones y sentencias de los tribunales internacionales" 05/04/02

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