México, DF - La fracción perredista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa de reformas constitucionales para establecer el principio de "incompatibilidad" dentro de la función pública, con el fin de evitar que servidores públicos incurran en conflicto de intereses y tráfico de influencias al realizar actividades privadas remuneradas mientras dura su gestión El encargado de presentar esta iniciativa fue el senador Demetrio Sodi de la Tijera, quien recordó que su partido elaboró esta propuesta para evitar más casos como el del senador Diego Fernández de Cevallos, quien, como abogado litigante, ganó un juicio en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria que obligará a desembolsar al Estados mil 124 millones de pesos El proyecto señala la necesidad de reformar los artículos 5, 101 y 108 constitucionales Sodi explicó que el artículo 5 se refiere a la libertad de trabajo y la reforma que proponen busca establecer una excepción en esta libertad cuando se trate de servidores públicos, con el fin de que siempre actúen en interés de la nación y de sus actividades personales Así, los funcionarios públicos no podrían desempeñar otro empleo, cargo o comisión aparte de su función, con excepción de labores docentes, científicas, literarias o de beneficencia y eso si son no remuneradas Tampoco podrán recibir ingresos de ninguna clase aparte de su salario y de las que permita la ley Esta disposición, dijo, ya opera desde hace mucho tiempo, pero sólo en relación con funcionarios del Poder Judicial de la Federación, como ministros, jueces, consejeros, secretarios y otros Sodi, quien el martes anunció la presentación de esta iniciativa, señaló que con ella se busca que el sistema político y de gobierno garantice plenamente la transparencia de la función pública y esto "no será posible mientras no existan disposiciones que impidan mezclar dicha función con el desempeño de otras actividades cuyos fines son incompatibles con el interés general" De acuerdo con Sodi, es incompatible con la función pública el dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o prestar servicios de cualquier forma a quien gestione para o sea proveedor del Estado También lo es en relación con cualquiera que realice actividades reguladas por el Estado o tenga intereses contrarios ?litigiosos o no? con los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o cualquier entidad estatal El martes, al anunciar este proyecto, Sodi de la Tijera señaló que el caso de Fernández de Cevallos "no es el único, ya que hay otros senadores y diputados, como Salvador Rocha Díaz, Fauzi Hamdán, Fernando Pérez Noriega, que tienen despachos jurídicos Además, hay legisladores que al mismo tiempo son empresarios, que tienen fábricas y hasta hoteles, y que se dedican al tráfico de influencias" y presionan para legislar en favor de los sectores de su interés, lo cual es indebido Al respecto, el coordinador de los diputados perredistas, Martí Batres, manifestó que es indispensable regular la actividad de los legisladores litigantes, pues en muchos casos éstos se convierten en "coyotes", pero "de angora" 03/07/02