México, D F, 15 de diciembre (apro)- La Secretaría de la Función Pública (SFP) busca, mediante un "nuevo sistema jurídico", que las sanciones y multas a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas, las imponga un "tribunal administrativo" Por tal motivo, el Ejecutivo federal ya envió, para su estudio y eventual aprobación, una propuesta al Senado de la República, consigna un comunicado Se pretende introducir el principio de la división de poderes en materia de responsabilidades de los funcionarios al servicio de la ciudadanía --pues--, afirmó el titular de la dependencia federal, Eduardo Romero Ramos, "queremos que la SFP deje de ser juez y parte" Lo que la iniciativa propone, indicó Romero Ramos, es que "quien administra, audita, investiga, pide la ejecución de la ley, y acusa o formula pliegos de cargo o de cuentas administrativas, no sea la misma SFP" Romero Ramos destacó que el nuevo esquema jurídico prevé la integración de una "comisión de responsabilidades profesional" en cada dependencia y entidad de la administración pública federal Esta se integraría de manera colegiada por el encargado del área jurídica de la institución, un representante de la dependencia y uno más elegido por los burócratas de la misma institución, puntualizó En la elaboración de la propuesta también participaron académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en la misma se prevé que sólo se podrán imponer sanciones administrativas menores, tales como amonestación o suspensión, mientras que se reserva al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la facultad de imponer castigos de mayor relevancia, como los económicos, la destitución e inhabilitación, mencionó El titular de la SFP detalló la iniciativa durante la ceremonia de entrega del Premio Anual de Transparencia 2003, realizado en la Ciudad de México, y a la que asistió el presidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Alejandro Carrillo Castro, en que también se hizo un reconocimiento a las acciones de combate a la corrupción