México, D F- Más de 16 organizaciones no gubernamentales suscribieron un documento en el que exigen a autoridades estatales y federales que actúen con eficacia en las investigaciones sobre los asesinatos de mujeres y adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua Tras calificar de preocupante la actuación de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), le exigieron que detenga sus intentos por desprestigiar a las asociaciones civiles que han protestado por la injusticia que se vive en ese estado fronterizo El documento, suscrito por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Movimiento Ciudadano por la Democracia, el Centro de Derechos Agustín Pro Juárez y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras, cuestionó el trabajo hasta ahora desempeñado por la PGJE y denunció que persisten irregularidades como la falta de colaboración con los familiares de las víctimas Las asociaciones detallaron el caso de una joven, Viviana Reyes, quien desapareció el 16 de marzo de este año y fue encontrada el 28 de mayo pasado con claros signos de tortura Tras la presión de las asociaciones civiles, las autoridades finalmente detuvieron a dos presuntos responsables, pero incurrieron en numerosas irregularidades como el que hecho de que no se haya notificado a los familiares de la víctima, además de la falta de pruebas y claridad en el proceso contra los detenidos El padre de Reyes denunció dichas anomalías y aportó elementos para la investigación, sin embargo, puntualiza el texto, no fue notificado de las pesquisas, ni se le han dado las garantías para una investigación clara sobre el asesinato de su hija El documento denuncia que el procurador de justicia estatal, Jesús Solís Silva, declaró que las indagaciones irían incluso al fondo de las organizaciones civiles, pues --sostuvo-- uno de los presuntos responsables participó en actos de protesta, lo que difama a las organizaciones sociales Todos estos factores, señalan las ONG, forman parte de la conducta adoptada por la PGJE en la que predomina la fabricación de culpables y el hostigamiento y descrédito contra los familiares de las víctimas En ese sentido, el documento hace un llamado a las autoridades federales y estatales para que se enfoquen en la investigación de los 300 casos de mujeres desaparecidas desde 1993 en Ciudad Juárez, en lugar de continuar con sus intentos de desprestigiar a las organizaciones, lo que propicia el debilitamiento de un movimiento que busca la disminución del clima de violencia en el estado Finalmente, las ONG y asociaciones civiles demandaron que los gobiernos federal y estatal atiendan las recomendaciones de la Relatora Especial para los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marta Altolaguirre y que cumplan sus obligaciones en materia de protección a las garantías fundamentales tanto en el ámbito nacional como en el internacional 10/06/03