México, D F, 22 de julio (apro)- En la edición que está circulando (1446), Proceso publica el siguiente texto que da cuenta de la presiones en torno a la consignación de los responsables de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, en el que se señala que el fiscal Ignacio Carrillo “ya no tiene mucho hacia dónde moverse El tiempo se le acaba La hora de actuar ha llegado” A continuación reproducimos el texto íntegro: La eventual consignación penal del expresidente Luis Echeverría por su responsabilidad en la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971 ha desatado una creciente avalancha de presiones, descalificaciones e intentos de intimidación contra el titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto Pero éste ya no tiene mucho hacia dónde moverse El tiempo se le acaba La hora de actuar ha llegado A unos días de que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) dé a conocer las consignaciones por la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, las presiones contra el fiscal Ignacio Carrillo Prieto han ido en aumento: la dirigencia nacional del PRI y el principal indiciado, Luis Echeverría Álvarez, han intensificado sus reuniones ante una posible acusación penal contra el expresidente, y los mensajes a la fiscalía desde distintas oficinas de ese partido, de gobiernos estatales y del Congreso también han aumentado La estrategia de presión de última hora se inició con una resolución de la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, que decidió condicionar el mantenimiento del diálogo con el gobierno de Vicente Fox a cambio de que éste cierre el capítulo de la guerra sucia, y se mantuvo con declaraciones de los defensores de los principales indiciados, las cuales pretenden descalificar una eventual acción penal contra Echeverría El fiscal Carrillo Prieto se encuentra sujeto a presiones de "una mafia política" que, con toda proporción guardada, reproduce el esquema de la mafia colombiana, que creaba un ambiente hostil a los jueces encargados de juzgar a los narcotraficantes, asegura Jesús Martín del Campo, actual subtesorero de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal Promotor de la apertura del expediente contra Echeverría por la matanza estudiantil del Jueves de Corpus, en la que murió su hermano Edmundo, Jesús Martín del Campo asegura que tanto en el PRI como en la Procuraduría General de la República (PGR) hay "una red de complicidades" con Echeverría y sus defensores, a fin de generar un ambiente contrario y de intimidación contra la fiscalía y los jueces que recibirán los expedientes Alude en particular a Humberto Castillejos Cisneros, uno de los asesores que tiene el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha Dicho funcionario es hijo de Marcos Castillejos Escobar, defensor del también indiciado excapitán del Ejército Luis de la Barreda Moreno, quien encabezó la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y es padre del expresidente de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Luis de la Barrera Solórzano, que igualmente ha descalificado el trabajo de la Femospp "Se ha creado un cerco de rumores en el sentido de que las averiguaciones están mal fundadas y que no habrá salida legal para las detenciones de Echeverría y los más de 20 implicados en este caso, incluidos altos mandos civiles y militares de esa época", dice Martín del Campo, quien participó en la marcha que fue atacada por el grupo paramilitar Halcones, adscrito al entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) "La hora del fiscal ha llegado y es normal que reciba presiones de quienes puedan resultar afectados, incluso electoralmente, pues existe el riesgo de que uno de los importantísimos cuadros del PRI acabe enjuiciado", dice Sergio Zermeño, integrante del Consejo Ciudadano de apoyo a la Femospp, y para quien lo importante es la consignación del expresidente, independientemente de que pise o no la cárcel Considera que hay "elementos importantes para consignar" a Echeverría, pero advierte que las acusaciones tienen que ser muy sólidas, pues el del 10 de junio de 1971 "es, a mi parecer, el caso que más lo acerca a una culpa directa" Defensores de ocasión Como lo adelantó Proceso (1444), el fiscal Carrillo Prieto tiene hasta el próximo sábado 24 para consignar a entre cinco y 12 exfuncionarios como presuntos responsables de los hechos del Jueves de Corpus de 1971, acusados del delito de genocidio La acusación del fiscal tendrá lugar pese a la solicitud que le hizo a principios de este mes el propio Echeverría para que cerrara el expediente, por considerar que el ilícito está prescrito Además del exmandatario, en las investigaciones aparecen señalados el exsecretario de Gobernación, Mario Moya Palencia; el exprocurador general de la República, Julio Sánchez Vargas; su sucesor Pedro Ojeda Paullada, y los generales de división Manuel Díaz Escobar, creador y jefe de los Halcones, Rogelio Flores Curiel y Luis Gutiérrez Oropeza, así como el excapitán Luis de la Barreda, quien se encuentra prófugo desde diciembre pasado Raúl Álvarez Garín, exdirigente estudiantil y miembro del Comité del 68, asegura que entre los acusados en relación con los hechos del 10 de junio de 1971 se encuentran siete expolicías, cuatro exfuncionarios de la Procuraduría capitalina, varios exadministrativos del DDF, exjefes policiales de la PGR y exdirectivos de la desaparecida Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación El fiscal dijo que el aplazamiento de las consignaciones, originalmente previstas para el 15 de julio, se debió a la recopilación de nuevos testimonios de tres personas, una de las cuales vive en Estados Unidos, en los que se apuntalan las acusaciones contra los indiciados Sin embargo, hasta ese día la Femospp no había solicitado a la PGR ayuda para la comparecencia del testigo radicado en ese país Ante la posibilidad de convertirse pronto en el primer expresidente de México acusado penalmente, Echeverría hizo declaraciones a los medios, e incluso dio una entrevista televisiva, en las que aseguró que las investigaciones sobre la guerra sucia son "problemas" de la propia transición democrática Según el exmandatario, cualquier delito que pudiera imputársele habría sido superado por el tiempo, de manera que no se ve en el banquillo de los acusados Echeverría reapareció en público luego que la Comisión Política Permanente (CPP) del PRI, en una reunión presidida por Roberto Madrazo, anunció la noche del lunes 12 que ese partido evaluará el mantenimiento del diálogo con el gobierno de Fox si se insiste en ejercer acciones legales contra los involucrados en los hechos de los años setenta Las acciones emprendidas por la fiscalía, expresó la CPP en una resolución propuesta por el general retirado y presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Ramón Mota Sánchez, "carecen de fundamento político, porque siendo un grupo de aventureros políticos sin historia, ignoran la historia" Con ese respaldo, el jueves 15, día del 25 aniversario luctuoso de su antecesor en la Presidencia entre 1964 y 1970, Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría se reunió con el líder nacional del PRI, Roberto Madrazo En la ceremonia luctuosa --a la que por primera vez faltó el general Manuel Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial con Díaz Ordaz-- el gobernador priista de Puebla, Melquiades Morales, pidió a la fiscalía "dejar a los historiadores el esclarecimiento" de lo ocurrido Y advirtió: "No es conveniente llegar a extremos, porque el país corre el riesgo de entrar en una confrontación de impredecibles consecuencias" Ese mismo día, el general retirado y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Guillermo Martínez Nolasco, también del PRI, pidió desde el Congreso que "no se contamine a la sociedad que ni siquiera conoce los hechos" sobre las matanzas estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, así como de la guerra sucia Habitualmente reacio a las declaraciones públicas, el legislador le pidió al fiscal Carrillo Prieto tomar en cuenta que los delitos en cuestión han prescrito, que las leyes no pueden ser retroactivas (como la entrada en vigor, en 2002, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas), así como la edad de los involucrados, pues una reciente reforma al Código Penal Federal permite la prisión domiciliaria para las personas mayores de 70 años De cara a esa modificación, la defensa de Echeverría, Moya Palencia y de Sánchez Vargas, se prepara a fin de que, en el peor de los casos, éstos cumplan una eventual pena en la comodidad de sus casas Un inocente propósito de los diputados para excarcelar a los ancianos ha aumentado las probabilidades para que eviten la cárcel los responsables de aquellos hechos El beneficio, que se puede extender a Díaz Escobar, lo dispone la reciente reforma, aprobada por diputados y senadores de todos los partidos, al artículo 55 del Código Penal Federal (CPF), para que los procesados o sentenciados mayores de 70 años puedan ser sujetos de prisión domiciliaria Que vayan o no a la cárcel dependerá ahora del criterio de los jueces, en función de un peritaje sobre la "presumible peligrosidad" de los acusados La reforma fue aprobada el 6 de abril de este año por la Cámara de Diputados y la avaló el Senado el día 14 del mismo mes Un día antes que acabara el período ordinario de sesiones del primer año de la actual 59 Legislatura, el decreto de reforma fue aprobado el 28 de abril por el Congreso de la Unión para que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, lo que ocurrió el 26 de mayo anterior El autor de la reforma fue el diputado del Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña, quien propuso modificar los artículos 25, 55 y 64 del CPF, con el propósito de "abatir la sobrepoblación en los centros penitenciarios", permitiendo que los sentenciados o procesados mayores de 78 años pudieran enfrentar la prisión preventiva o definitiva en sus domicilios, "dada su edad y no peligrosidad" La reforma, que finalmente bajó la edad propuesta a 70 años, se aprobó sin mayor trámite en los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado, tras ser discutida en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Palacio de San Lázaro y apoyada por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores El principal cambio que decidieron los legisladores fue al artículo 55: "Cuando la orden de aprehensión se dicte contra una persona mayor de 70 años de edad, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan de acuerdo con la representación social" Y, al igual que en el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet, cuyos médicos le diagnosticaron “demencia senil” para evitar la cárcel por los cargos de crímenes contra la humanidad, en México los jueces podrán sustituir la pena considerando la debilidad física y psíquica o el precario estado de salud de los acusados "Una vez dictada la sentencia --se agrega en la reforma--, la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad, a juicio del juez o tribunal que la imponga de oficio o a petición de parte, cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona, o por senilidad o su precario estado de salud, fuere notoriamente innecesaria o irracional que se compurgue dicha pena" La senilidad o la salud precaria la determinará el juez con base en dictámenes de peritos El beneficio de la prisión domiciliaria se negará a quienes huyan de la justicia o sean presumiblemente peligrosos: "No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su peligrosidad" La valoración del juez también se hará a partir de peritajes En tal situación podrían quedar los exjefes de la DFS, Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, aunque el primero se encuentra en condición de detenido en Monterrey por su presunta responsabilidad en la desaparición del hijo de Rosario Ibarra de Piedra, Jesús Piedra Ibarra, y del fundador del movimiento guerrillero urbano Liga Comunista 23 de Septiembre, Ignacio Salas Obregón El segundo huyó de la acción de las autoridades judiciales en diciembre de 2003, pero hace dos semanas obtuvo un amparo en cuanto a la acusación en su contra por el secuestro de Piedra Ibarra Ventajas de ley El diputado autor de la iniciativa, Joel Padilla Peña, asegura en entrevista con este semanario que las modificaciones "son de observancia general y no llevan dedicatoria", aunque reconoce que ahora los jueces tienen "una gran responsabilidad" para otorgar este beneficio en caso de que sea reclamado por los presuntos responsables de la represión contra el movimiento estudiantil y las guerrillas rural y urbana "No hay intención de beneficiar o perjudicar a nadie, sólo se quiere abatir la sobrepoblación (penitenciaria), pues estimamos que con las reformas más de 3 mil reos procesados o sentenciados de delitos federales serán beneficiados, pero no los de alta peligrosidad, lo cual será establecido por los jueces", asegura Sin embargo, admite que "algún juez pudiera excederse o tomar decisiones a la ligera" en el caso de delitos graves La iniciativa fue propuesta el 11 de diciembre de 2003 por Padilla ante el pleno de la Cámara de Diputados y se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en la que no participa el diputado petista Cuando se aprobó en el pleno, los diputados ya no la discutieron porque había acuerdo en la comisión En el Senado tampoco hubo objeción y por eso se aprobó, explica el diputado del PT Angélica de la Peña, diputada del PRD integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, afirma que los hechos de 1968, 1971 y la guerra sucia no fueron ponderados en lo particular En todo caso, agrega, con las adecuaciones que se tienen que hacer al Código de Procedimientos Penales, "tenemos que precisar el significado de cada uno de los enunciados aprobados y determinar quiénes serían los beneficiarios" Gilberto Ensástiga Santiago, diputado del PRD y también miembro de la comisión responsable de la reforma, confirma que en las discusiones no se analizaron los hechos de la guerra sucia, y asegura que las modificaciones se concibieron como una pena alternativa para quienes ya están encarcelados "La reforma no tiene que ver con temas específicos, pero si los responsables de aquellos hechos se acogen a ella, tendríamos que insistir en que los delitos de genocidio no prescriben No se busca beneficiar –sostiene-- a quien ha vivido en la impunidad" En entrevista con Proceso, el abogado Juan Velázquez, abogado defensor de Echeverría, afirma que las reformas favorecen a su representado, así como a sus otros dos defendidos, Moya Palencia y Sánchez Vargas "De acuerdo con la reforma, las personas mayores de 70 años pueden enfrentar los procesos y condenas en libertad, y se aplica a las órdenes de captura, prisión preventiva y sentencias condenatorias, y es el caso de mis representados, pues el expresidente Echeverría tiene 82 años, el exsecretario de Gobernación Moya Palencia acaba de cumplir 70 y el exprocurador Sánchez Vargas tiene 92" Velázquez explica sus argumentos de defensa para el caso de que a sus clientes se les quiera negar el provecho de la reforma "El artículo 14 de la Constitución habla de la irretroactividad de la ley en perjuicio, pero no en beneficio" Más aún, dice, también se debe aplicar el artículo 56 del Código Penal Federal Y cita: "Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable" Con él coincide el coordinador académico del Centro de Estudios de Política Criminal y profesor en materia penal de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela Libre de Derecho, Macedonio Vásquez Castro: "Se trata de un beneficio general que se debe aplicar" Sin embargo, critica a los legisladores por descansar en el criterio del juez la decisión de excarcelar a los potenciales beneficiados: "No se debieron dejar criterios indeterminados para el juez, pues se genera un problema de inseguridad jurídica, además que la presumible peligrosidad refiere sólo una presunción y no hechos"