* El PGJ consideró que no hay delito que perseguir * El Congreso del estado exhorta a la SFP a investigar el caso Ciudad Victoria, Tamps , 3 de agosto (apro)- La Procuraduría de Justicia del estado decretó no ejercer acción penal en contra del gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba y del empresario Fernando Cano Martínez, por la supuesta venta irregular de 1,600 hectáreas en el puerto industrial de Altamira, por una demanda penal que interpuso el diputado panista Luis Alonso Mejía Mientras que el Congreso del estado hizo un exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que investigue este caso, al cumplirse 29 días de presentada la denuncia en la Procuraduría estatal, se decretó que no había delito que perseguir, informó Alonso Mejía Dijo que en el dictamen de la Procuraduría no se dan muchas explicaciones de los motivos para desechado el caso, la cual fue presentada desde principios de junio de este año Sin embargo, el legislador panista señaló que los abogados que lo apoyan en este asunto, presentaron ya un recurso de inconformidad; y que continuará hasta la última instancia para exigir que se investigue este supuesto fraude sobre el patrimonio estatal La denuncia se refiere a la venta de 1,600 hectáreas de uso industrial ubicadas en el puerto de Altamira que fueron vendidas a 87 centavos el metro cuadrado, cuando se presume que por su ubicación, en una de las áreas estratégicas para la instalación de industrias a nivel mundial, tendría que haber sido pactado a un precio muy superior El terreno fue entregado en el año 2001 a un fideicomiso llamado Nuevo Santander, que en menos de un mes de haberlo recibido y apenas unos días de haberlo dado de alta en el Registro Público de la Propiedad, decidió venderlo al empresario Fernando Cano para que lo desarrollara