* El mandatario local busca desestabilizar a gobiernos emanados del PRD, denuncian Villahermosa, Tab , 14 de marzo (apro)- Alcaldes y diputados perredistas pusieron un ultimátum al mandatario local Manuel Andrade para que se desista de “desestabilizar” gobiernos de ese partido; deje de promover el juicio de desafuero en contra del edil del municipio de Jonuta, Rafael Elías Sánchez Cabrales, y libere a siete “presos políticos” del sol azteca En caso contrario, se instalarán en plantón permanente frente al palacio de gobierno y la Cámara de Diputados, a fin de impedir la “canallada” en contra de Sánchez Cabrales Los perredistas realizaron multitudinario mitin en la plaza de armas tras quince días de marcha desde el municipio de Jonuta, en repudio al gobierno de Manuel Andrade, a quien responsabilizan de haber desatado “agresiva campaña desestabilizadora” en contra de gobiernos municipales perredistas El “Exodo por la legalidad y defensa del pueblo de Jonuta”, entró a Villahermosa encabezado por los once alcaldes perredistas, así como por nueve de 17 diputados locales de ese partido y el senador César Raúl Ojeda Zubieta En el acto, el alcalde Sánchez Cabrales acusó a Manuel Andrade de promover el juicio de desafuero en su contra, a partir de un zafarrancho entre policías y perredistas que pretendían tomar el palacio municipal, “pagados” por los diputados de esa localidad, Francisco Alfonso Filigrana y Benjamín Mendoza Chablé, también perredistas pero “traidores y aliados” del gobernador El mes anterior, los votos de los diputados Filigrana y Chablé fueron decisivos para que PRI, PAN y PVEM desaparecieran la Gran Comisión del Congreso que controlaba el PRD, y se creara la Junta de Coordinación Política que, a partir de mayo, controlará el tricolor por un año, y el resto del periodo de la actual Legislatura –hasta diciembre del 2006--, el blanquiazul y Verde Ecologista En su discurso, el alcalde de Jonuta relató que, tras la gresca entre perredistas y la policía municipal –en junio del año anterior--, los diputados Filigrana y Chablé armaron una “aberración jurídica” para demandarlo penalmente por los presuntos delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad cometido en pandilla Para ello, afirmó, utilizaron como testigos de cargo a cinco expolicías señalados por el Ministerio Público Federal como “presuntos delincuentes”, a quienes se les abrió averiguación previa por el robo de dinero, droga y armamento, que sustrajeron de una “narcoavioneta” que cayó en Jonuta una semana antes del zafarrancho, razón por la cual fueron dados de baja de la corporación Estos expolicías, así como el perredista Adelino García García, “empleado” de los diputados Filigrana y Mendoza Chablé, presentaron demanda penal en contra del alcalde Sánchez Cabrales, y pidieron su desafuero, el cual, vía fast track, fue solicitado por la Procuraduría local a la Cámara de Diputados, en noviembre pasado Como parte de esta demanda, en febrero fue detenido el director de Seguridad Pública de Jonuta, Teófilo Cabrales, a quien consideran el primer “preso político” del gobierno andradista El expediente del edil Sánchez Cabrales está ahora en la Comisión de Justicia y Gran Jurado, que preside el diputado del PRI, Francisco Santo Magaña En el mitin, el alcalde de Macuspana, José Ramiro López Obrador --hermano del jefe de Gobierno del Distrito Federal-- condenó que la justicia tabasqueña actúe con rapidez contra perredistas, y proteja a quienes atacan y pretenden desestabilizar gobiernos de su partido Puso como ejemplo el municipio de Macuspana donde, a mediados del año pasado, un grupo de policías ocupó el ayuntamiento, y lo secuestraron a él por varias horas junto con sus principales colaboradores Pusieron demanda ante la Procuraduría “y hasta ahora ni siquiera han sido llamados a declarar”, afirmó Así mismo, recriminó a Manuel Andrade el encarcelamiento de seis militantes perredistas que la semana pasada se liaron golpes con fotógrafos de prensa cuando éstos cubrían una protesta en la sede estatal del PRD Los perredistas, todos indígenas, fueron acusados de robo con violencia y pandillerismo, delitos graves que no alcanzan libertad bajo fianza