* Lo hará si se comprueba el desvío de recursos federales * Piden informes sobre la cuenta pública estatal del 2003 Villahermosa, Tab , 18 de marzo (apro)- Los alcaldes del PRD, José Ramiro López Obrador --hermano del jefe de Gobierno del Distrito Federal-- y Rafael Elías Sánchez Cabrales, interpondrán una demanda de juicio político en contra del gobernador Manuel Andrade, de probarse que desvió recursos federales en el ejercicio fiscal de 2003 En su carácter “de ciudadanos”, López Obrador y Sánchez Cabrales –alcaldes de los municipios de Macuspana y Jonuta-- solicitaron al Congreso del estado, por escrito, información sobre cuál es la situación jurídica que guarda la cuenta pública 2003 del Poder Ejecutivo que no fue aprobada el año pasado El pasado 13 de diciembre, los diputados del PRD y PAN, con 19 votos contra 16, se impusieron al PRI y PVEM; y rechazaron el dictamen de la cuenta pública 2003 del Poder Ejecutivo en una decisión inédita e histórica en la vida pública de Tabasco Los legisladores perredistas encontraron que el gobierno de Manuel Andrade tuvo un sobregiro presupuestal de tres mil 147 millones de pesos en ese año, el cual era desconocido por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) –encabezado por el priista Francisco Rullán Silva-- “y, lo peor, sin la autorización del Congreso”, denunció la diputada Rosalinda López Hernández Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto e integrante de la primera Comisión Inspectora de Hacienda que califica las cuentas públicas de los tres poderes, la diputada perredista explicó que de 16 mil 720 millones de pesos autorizados para 2003, el gobernador Manuel Andrade ejerció 19 mil 544 millones de pesos De ese monto, el OSF sólo revisó obras por 800 millones de pesos, y aún así, con esa mínima parte analizada, los diputados del PRD y PAN encontraron “graves irregularidades no solventadas” por más de 300 millones de pesos No obstante que la cuenta pública 2003 del Poder Ejecutivo no fue aprobada, a partir de ese momento inició la polémica sobre qué procedimiento seguir, de acuerdo con diversas interpretaciones de la Constitución Política de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Legislativo Diputados del PRI siguen en su postura de que la cuenta pública 2003 “no se aprobó ni reprobó”, y que sólo fue “desechado” el dictamen elaborado por la primera Comisión Inspectora de Hacienda, por lo que ante las lagunas jurídicas sobre qué procedimiento se debe seguir, el caso era “asunto cerrado” Los perredistas y panistas insisten, por su parte, que se debe elaborar otro dictamen y someterlo de nuevo a consideración del pleno, a partir de, ahora sí, una exhaustiva revisión de las obras y programas del gobierno estatal en 2003 Con esos antecedentes, los alcaldes López Obrador y Sánchez Cabrales solicitaron información al Congreso para saber “qué tipo de proyectos públicos tienen inconsistencias detectadas oportunamente” en la cuenta pública del 2003 Sobre todo, explicaron, “si los proyectos motivo de la no aprobación fueron financiados con participaciones, aportaciones o fondos de carácter federal o, en su caso, con recursos del gobierno estatal” Expusieron que existe “la presunción” de desvíos de recursos federales por parte del gobernador Manuel Andrade; y advirtieron que de llegar a confirmarse, procederán a solicitar, conforme a lo establecido en el artículo 110 de la Constitución federal, juicio político en contra del gobernador “Si es como nosotros pensamos, de que hay recursos federales aquí involucrados, procederíamos a un segundo paso, que es ir a la Cámara de Diputados a solicitar juicio político”, afirmó el hermano del jefe de Gobierno del Distrito Federal, José Ramiro López Obrador De inmediato, vino la respuesta de la fracción parlamentaria del PRI: “Esa solicitud la vamos a desechar porque para nosotros los priistas el caso de la cuenta pública 2003 es un asunto concluido”, sostuvo el diputado del tricolor Roger Pérez Evoli, presidente de la primera Comisión Inspectora de Hacienda que califica las cuentas públicas de los tres poderes Afirmó que la bancada del PRI nunca estuvo de acuerdo “que por cuestiones políticas se desaprobara la cuenta del gobernador Manuel Andrade”, ya que los diputados del PRD y PAN “actuaron por revancha y consigna política” “No hay elementos técnicos ni jurídicos como para asegurar que hay desviaciones de recursos”, subrayó el legislador priista, quien calificó de “chantaje” la solicitud de los alcaldes perredistas de Macuspana y Jonuta