San Francisco de Campeche, Cam , 22 de noviembre (apro)- El Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Mérida, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reabrir el expediente del espionaje telefónico operado desde la esfera oficial contra opositores al régimen y desahogar las pruebas que se dejaron pendientes en el caso El asunto quedó al descubierto en mayo de 1998, a raíz de que un grupo de seguidores de la actual diputada federal Layda Sansores San Román irrumpió en un predio de la calle 65, en pleno centro de esta capital, en que sorprendieron en flagrancia las operaciones de un centro de espionaje telefónico montado por el gobierno estatal De acuerdo con la documentación hallada entonces, el sitio fue equipado y comenzó a operar desde 1994, durante el sexenio del priista Jorge Salomón Azar García, empero fue sostenido por su sucesor José Antonio González Curi Los operadores principales fueron adiestrados por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), cuyo manual de espionaje también fue encontrado ahí En esa ocasión los laydistas igualmente retuvieron en el lugar a Valente Quintana González, José Antonio Ayala del Río y Dante Omaña Díaz, los principales operadores, para ser entregados a la autoridad, pero al cabo de varios días de arraigo domiciliario los tres fueron dejados en libertad A pesar de que en torno a este caso la parte acusadora entregó 7 mil elementos de probanza, entre éstos los documentos de compra e importación de los equipos a una empresa israelita, las nóminas del personal, cheques emitidos por la Secretaría de Finanzas, así como grabaciones de conversaciones telefónicas con sus respectivas transcripciones, un juez determinó el no ejercicio de la acción penal De igual modo quedaron congelada las demandas de juicio político contra Azar García y González Curi en el Congreso de la Unión Al respecto, el dirigente estatal de Convergencia, Aníbal Ostoa Ortega, aseguró que aunque han transcurrido casi nueve años, no claudicarán en el esfuerzo para que se castigue a los responsables Informó que el Tribunal Colegiado de Circuito, que preside el magistrado Pablo Jesús Hernández Moreno, reconoció como "fundada la inconformidad promovida por Layda Sansores contra el acuerdo del 23 de enero de 2006 del juez segundo de distrito, con sede en Campeche, por el que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en el juicio de garantías 1025/2004-IV" Dijo que ante tal disposición judicial, la PGR está obligada "a reabrir el caso, investigar a fondo el asunto y actuar de forma responsable; recabar más pruebas y mostrar las ya existentes, a fin de que se pueda ejercer la acción penal contra quienes promovieron, instalaron y financiaron el centro de espionaje" Consideró que el nuevo resolutivo judicial exhibe como "corruptos y negligentes" tanto a los funcionarios de la PGR como a los jueces de distrito de Campeche