Se detectan entidades más vulnerables a la compra del voto
* Destacan Sinaloa, Veracruz, Chiapas, SLP, Michoacán, Aguascalientes, Oaxaca y DF
México, D F, 20 de junio (apro)- Alianza Cívica alertó hoy que los estados de Sinaloa, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Michoacán, Aguascalientes, Oaxaca y Distrito Federal son los más vulnerables a la compra y coacción del voto
Silvia Alonso, directora de Alianza Cívica, sostuvo que conforme a los resultados de su monitoreo a programas sociales, el PRI sigue siendo el partido que más recurre a la compra de votos vía los programas federales, seguido por PAN y PRD
Sin embargo, a escala estatal, Nueva Alianza es el que más utiliza esta práctica
El organismo no gubernamental, pionero en la observación de comicios, reportó que Seguro Popular y Oportunidades son los programas con mayor número de incidencias de compra de voto
"Entre los beneficios que se ofrecen a cambio del voto ciudadano, encontramos como una constante en todos ellos el ofrecimiento de integrarlos a otros padrones de beneficiarlos de programas de interés para los ciudadanos (Vivienda, Alianza para el Campo, Adultos Mayores, entre otros), y la entrega de despensas y/o ganado", apunta el informe que presentó Silvia Alonso, en conferencia de prensa
En el documento se agrega que 5%, de las más de 4 mil entrevistas que realizó Alianza Cívica entre beneficiarios de programas sociales federales y estatales, reporta haber sido sujeto de la compra del voto y, 7%, presionados para votar por un determinado partido político
"Estas cifras son altas y preocupantes, y más aún en un gobierno de alternancia pues, con la coexistencia de los gobiernos de diferentes fuerzas partidistas, pareciera que no hay una reacción ética por parte de la ciudadanía, como la que provocaban antes este tipo de irregularidades", dijo Alonso
En su mayoría, es la autoridad municipal la que, según los ciudadanos consultados, ejerce la presión
Una de las principales conclusiones del reporte de Alianza Cívica es que todos los partidos recurren a la compra y coacción del voto de los beneficiarios de programas sociales, aunque no operen o entreguen dicho apoyo
