Jalapa, Ver , 29 de enero (apro)- Con el propósito de que el ciudadano de escasos recursos, indígenas y clases más desprotegidas en la entidad puedan acceder a la seguridad jurídica, se planteó la creación del Instituto Veracruzano de Defensoría Publica, iniciativa que desde hace dos años no ha avanzado en el Congreso local, señaló Tomás Cruz Hernández El abogado veracruzano explicó que después de varios años de trabajar en este proyecto, vía los legisladores del PRD Atanasio García Durán y Adrián Solís --que lo hicieron suyo--, esta iniciativa de ley fue presentada al pleno legislativo en julio de 2005 y, desde esa fecha, "está congelada", en comisiones En Veracruz, refirió, no existe un organismo público, autónomo y descentralizado que tienda a garantizar a los ciudadanos el cabal cumplimiento de la garantía jurídica o de acceso a la justicia, derecho que está establecido en el artículo 17 de la Constitución política federal Además, refirió, esta es una garantía establecida también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica en 1969 y aprobada por la Cámara de Senadores el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación Por ello, agregó, la garantía de seguridad jurídica o de la acceso a la justicia consiste en que el Estado deberá proveer de ésta al gobernado de escasos recursos a través del Instituto Veracruzano de Defensoría Pública Vía este organismo se deberá asignar a un defensor público para que los defienda, oriente y asesore desde el inicio de un proceso penal, civil o mercantil, hasta el final del mismo, "ya que esta garantía de acceso a la justicia es un derecho constitucional que el estado de Veracruz debe cumplir a todos los gobernados" No obstante, reiteró, desde el 28 de julio de 2005, en que la iniciativa de ley fue turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen, "sigue durmiendo en los cajones de los diputados", a pesar que también planteó reformas al artículo 6 de la Constitución política local Ante la falta de voluntad mostrada por los diputados locales para emitir el dictamen, dijo, solicitó audiencia con el titular del poder Ejecutivo, Fidel Herrera, sin embargo, a pesar de los diversos escritos entregados en palacio de gobierno, tampoco ha recibido respuesta "La única finalidad de solicitar audiencia con el gobernador fue para comentarle sobre esta iniciativa de la defensoría pública, y desde abril de 2006 a la fecha no he obtenido respuesta a mi derecho de petición", subrayó en entrevista Al violentarse el artículo octavo de la Constitución federal, relativo al derecho de petición, interpuso una demanda de amparo, "por incumplimiento de una obligación de dar respuesta en breve término al derecho de petición ciudadana", explicó Esta demanda quedó radicada en el juicio de amparo 740/2006 del índice del Juzgado Primero del Distrito Séptimo de Circuito, con sede en Jalapa, "el cual falló a favor de Tomás Cruz Hernández", y pese a que el acusado interpuso recurso de revisión, el Tribunal Colegiado en Materia Civil de Circuito "ratificó la sentencia" El 8 de diciembre de 2006, señaló, el tribunal confirmó la sentencia dictada en el juicio de amparo, y a partir de enero de este año el juez primero de distrito "le ha requerido a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en un término de 24 horas" Sin embargo, aseguró, la autoridad ha hecho caso omiso de los tres requerimientos, "por lo que al incurrir en desacato a un mandamiento de la autoridad federal, podría dar lugar a que el tribunal remita el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sus efectos" Esta situación, aseveró, lo orilló a interponer un incidente de incumplimiento de la sentencia, el cual es el medio idóneo para que se pueda proceder en el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual está en proceso en el mismo tribunal colegiado en materia civil