Tuxtla Gutiérrez, Chis , 14 de febrero (apro)- Al menos seis indígenas choles, militantes del extinto grupo paramilitar Paz y Justicia, demandaron al gobierno estatal acogerse a la "ley de sentencia suspendida", que éste ofreció aplicar para liberar a decenas de campesinos presos en las cárceles de la entidad en los últimos años El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) calificó esta situación de "grave", pues dijo que si el gobierno cede a estas pretensiones, estará cayendo en una contradicción después de anunciar la investigación de la matanza de Acteal, perpetrada por un grupo paramilitar que, al igual que Paz y Justicia, dejó una estela de muerte y destrucción a su paso entres las comunidades indígenas Este miércoles, Savelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez, Carlos Torres López, Urgenio Torres Martínez y Juan Méndez Arcos, exmiembros de Paz y Justicia y que ahora se asumen militantes de la Organización Productiva Agrícola Campesina (OPAC), dieron a conocer ?en una carta pública difundida en los medios impresos locales-- su petición, para luego hacer un reconocimiento al gobernador Juan Sabines Guerrero, por haber instalado la mesa de la comisión especial que evaluará los casos en el marco de la referida ley "Nosotros, presos políticos de la OPAC, recluidos en el penal de El Amate, manifestamos nuestro beneplácito hacia la buena voluntad, al promover la ley de amnistía; que con esta mencionada ley salimos beneficiados los que pertenecemos a diferentes organizaciones sociales que nos encontramos en reclusión", refiere la misiva "También queremos manifestar que con esta ley, se contribuye a la paz social, la tranquilidad y la reconciliación de nuestro estado", agregan los indígenas choles Al conocer esta carta, la titular del Frayba, Blanca Martínez Bustos, manifestó su preocupación por el hecho de que estos exparamilitares logren su cometido, y sorprendan al gobernador con esos elogios, y se frustre su intención de liberar a los verdaderos presos políticos "Esto me parece grave Y si el gobierno cede a esta solicitud, podría estar abonando no a la pacificación en Chiapas, sino a que se vuelvan a reactivar los diferentes grupos de choque, como lo está haciendo ya la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en la selva Lacandona", alertó Martínez Bustos Martínez Bustos calificó de "delicada" la petición de los indígenas choles, pues dejaron tras de sí una estela de muertes violentas y desapariciones, y "hay heridas que no cierran con el paso de estos años" La titular del Frayba dijo que si el gobernador libera a los indígenas de Paz y Justicia, se estaría contradiciendo, pues un por un lado ofrece justicia en el caso Acteal, y por otro lado libera a responsables de crímenes Dijo que en realidad hay ninguna "ley de amnistía" La activista del Frayba dijo que en este escenario "pareciera que el compromiso del gobierno es más con la impunidad que con la verdadera justicia" Dijo que si bien no tiene pruebas para ligar a los otrora grupos paramilitares con el gobierno actual, es evidente que con la llegada de la nueva administración los diferentes grupos de choque empiezan a reagruparse y reactivarse "Se nos hace esta (carta) como un nuevo signo de posible reactivación de grupos paramilitares No tenemos ninguna prueba que te permita decir que el gobierno de Sabines está impulsando y promoviendo grupos, pero lo que sí es palpable es que estos grupos están aprovechando la nueva coyuntura de un gobierno que inicia para reorganizarse", dijo en entrevista Martínez Bustos