Guanajuato, Gto , 9 de agosto (apro)- Después de siete días de que venciera el plazo para armonizar las leyes estatales con la Ley General para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, el Congreso estatal dio entrada a una iniciativa del gobernador Juan Manuel Oliva que sólo propone adecuaciones en contra de la violencia en general El gobernador Oliva se negó a proponer una legislación específica para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, sino que se enfoca a la familia en general, de acuerdo con su política sexenal En el Congreso se cuenta ya con una iniciativa para formalizar una Ley Estatal por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, propuesta por la diputada del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, quien, además, es secretaria de la Comisión de Equidad de Género de la actual Legislatura Sin embargo, todo indica que el propósito del gobierno panista es "cumplir apenas en lo mínimo" con el requisito para armonizar las leyes del estado con la ley federal que entró en vigor en febrero de este año, según las primeras opiniones surgidas de organizaciones civiles que han estado pendientes del proceso Oliva Ramírez envió la iniciativa al Congreso desde el 1 de agosto ?según lo reportó en su primer Informe de Gobierno-, pero fue turnada a las comisiones para su dictamen en la sesión plenaria de una semana después En su exposición de motivos, el gobernador plantea que ésta "tiene la finalidad de asegurar la correcta protección de los derechos de las mujeres, así como de los derechos de los miembros de las familias en Guanajuato" "La violencia no se puede dejar de señalar, ni indicar su gravedad y tampoco tolerar la discriminación que se ejerce sobre los más desprotegidos, como son los niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres", agrega Hace énfasis en el concepto de la violencia intrafamiliar ?término cuya definición sí se homologa con el contenido en la nueva ley federal--, y propone incluir ésta como causal de divorcio Pero mientras en la ley federal se reconocen y fijan las modalidades de la violencia hacia las mujeres y recursos como las órdenes de protección, en el caso de la propuesta del gobernador de Guanajuato, se proponen adecuaciones que puedan funcionar para mujeres y para hombres: "Se amplía su protección a cualquier receptor de violencia, con independencia del género al que pertenezca? Lo anterior deviene a que la protección de una ley que busca desterrar la violencia (sic), necesariamente debe proteger a todos los receptores de la misma y como tales tenemos no solamente a las mujeres" Esta postura ya había sido planteada por algunos de los diputados del PAN que participaron en los foros de consulta dirigidos a ciudadanía y organizaciones civiles con motivo de la armonización con la nueva ley federal, celebrados en días pasados Incluso el diputado federal del PAN Leonardo Magallón, cuestionó el hecho de que se estuvieran creando nuevas leyes para proteger exclusivamente a las mujeres, hecho que calificó de "discriminatorio" para los varones Por esto, en los hechos, las acciones del gobierno estatal en materia de combate a la violencia se canalizarían a modificar el funcionamiento del Sistema Estatal para la Asistencia, Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, para que dentro de éste se incluya un organismo desconcentrado que atienda la violencia contra las mujeres El nombre de los albergues se cambia por el de refugios, y el nuevo Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia (en general) se asignaría a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano En esta misma sesión plenaria, los diputados del PAN presentaron una iniciativa que, según expusieron, va dirigida "a reforzar la paternidad responsable", mediante una reforma al Código Civil del estado para incluir la prueba pericial de paternidad mediante análisis del ADN La iniciativa es, tal como lo anunció hace algunos meses el dirigente estatal del PAN, Fernando Torres Graciano, la respuesta de este partido al debate sobre la reglamentación del derecho al aborto legal por violación en Guanajuato, cuyo procedimiento administrativo, ministerial y médico sigue ausente de la normatividad estatal, aun cuando el Código Penal lo prevé