Monterrey, N L, 4 de marzo (apro)- Consuelo Morales Elizondo, representante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León (Cadhac), alertó hoy sobre el riesgo de motín en penales de la entidad, debido a que los internos carecen de alimentos y servicios sanitarios elementales La activista advirtió que resultará imposible aplicar medidas de seguridad ante una eventual contingencia en las cárceles locales, sobre todo porque se carece del personal necesario para atender a la población penitenciaria, la que ya rebasó la capacidad de esos centros de internamiento El pasado 25 de febrero una supuesta riña entre reos favoreció la fuga de cuatro internos recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) del Topo Chico, en Monterrey Después de la fuga, unos 20 custodios quedaron sujetos a investigación, y el director Enrique Rodríguez Lugo fue cesado de sus funciones Morales Elizondo consideró que si bien pudo haber complicidad oficial en la fuga, es materialmente imposible que 45 custodios por turno puedan mantener vigilancia eficaz sobre 3 mil 500 internos "Vemos con mucha preocupación (el caso) porque hay un abandono que se está reflejando en la calidad de vida de los internos", expresó Además de la sobrepoblación y la falta de personal, la coordinadora de Cadhac dijo que los alimentos son insuficientes y, los que se les dan, generalmente se encuentran en mal estado Sin embargo, la situación de riesgo no es privativa del penal de Topo Chico, observó, pues en otras penitenciarías ubicadas en Apodaca y Cadereyta existen condiciones evidentes de deterioro institucional En Apodaca, ejemplificó, hasta la semana pasada no había subdirector, jefe de seguridad ni jefe jurídico, mientras que el director se encuentra imposibilitado siquiera de salir de vacaciones "Ante una situación así, es imposible que se les exija resultados Son gente que no tiene las condiciones mínimas indispensables para trabajar", denunció Recordó que dos de los evadidos el 25 de febrero se encontraban presos por un delito de reciente creación, "contra la seguridad de la comunidad", que es aplicado a sujetos vinculados a la delincuencia organizada pero que no pueden ser procesados en el fuero federal "Y mientras se criminaliza más, se van saturando los centros penitenciarios; el gobierno no invierte en personal, en capacitación ni en los aspectos elementales que desde hace años venimos denunciando, como el de la comida", puntualizó