COLIMA, Col , 9 de octubre (apro)- Un juez federal ordenó al Ministerio Público del Fuero Común en Colima integrar y concluir una averiguación previa derivada de una denuncia interpuesta hace 16 meses por la organización ecologista Bios Iguana en contra del gobernador Silverio Cavazos Ceballos, entre otros funcionarios públicos, por la presunta comisión de delitos ambientales Además, instruyó al titular de la Mesa Tercera del Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del estado que "actuando exclusivamente dentro de sus facultades legales, con plenitud de jurisdicción, en caso de precisar que hace falta desahogar diligencias, se avoque inmediatamente a la integración de la averiguación previa correspondiente (36/2007) y en el plazo de treinta días? emita pronunciamiento respecto del ejercicio o no ejercicio del acto penal" en contra del gobernador y demás servidores públicos denunciados En junio de 2007, en efecto, la agrupación civil denunció a Cavazos Ceballos; al secretario de Desarrollo Urbano, Eduardo Gutiérrez Navarrete, y a los presidentes municipales de Armería y Manzanillo, Juan Manuel Covarrubias Leyva y Virgilio Mendoza Amezcua, respectivamente, por haber incurrido en una serie de irregularidades en el proceso de modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán Y es que dichos cambios propiciaron el cambio de uso de suelo ?de agrícola a industrial--, lo que allanó el camino a la Semarnat para que expidiera la Manifestación de Impacto Ambiental de la planta regasificadora de gas natural licuado, cuya construcción fue puesta en marcha hace unos meses por el presidente Felipe Calderón Hinojosa Sin embargo, según la coordinadora general de Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, después de un año de haber interpuesto la denuncia, el Ministerio Público ni siquiera había tomado la declaración de los presuntos responsables, por lo que en junio anterior fue iniciado el juicio de amparo En su sentencia del amparo indirecto 772/2008-I, el juez segundo de Distrito en esta ciudad, Francisco Rodríguez Huezo, concedió la protección de la justicia federal a los representantes de Bios Iguana, Esperanza Salazar y Gabriel Martínez Campos, a quienes fueron conculcadas sus garantías individuales consignadas en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución mexicana Así mismo, el juez ordenó al titular de la Mesa Tercera del Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del estado que "actuando exclusivamente dentro de sus facultades legales, con plenitud de jurisdicción, en caso de precisar que hace falta desahogar diligencias, se avoque inmediatamente a la integración de la averiguación previa correspondiente (36/2007) y en el plazo de treinta días? emita pronunciamiento respecto del ejercicio o no ejercicio del acto penal" en contra del gobernador y demás servidores públicos denunciados Esperanza Salazar calificó esta sentencia "un primer logro legal en la defensa de la Laguna de Cuyutlán", aunque aclaró: "no esperamos que el Ministerio Público consigne, como es su obligación hacerlo, a los denunciados, pues muy claro ha sido que el procurador siempre ha mostrado una actitud de incondicionalidad hacia ellos" Sin embargo, añadió, "la defensa por el respeto pleno al medio ambiente no para ahí, pues daremos seguimiento puntual en otras instancias, hasta que se cumpla con la ley", además de que serán interpuestos otros recursos, pues desde el 31 de marzo de 2006 entró en vigor la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable para el estado de Colima, que "ha sido incumplida por el procurador general de Justicia de Colima, al tenor del artículo 6, ya que a la fecha no existe fiscal que se encargue específicamente de la instrucción y resolución de denuncias ambientales" Salazar Zenil añadió que la organización ambientalista analizará la posibilidad de presentar una demanda de juicio político contra el procurador, Arturo Díaz Rivera, por "su notoria omisión e incumplimiento al mandato emanado del Congreso del Estado"