JALAPA, Ver , 1 de agosto (apro)- Al afirmar que la extorsión es uno de los delitos que más afecta a la sociedad, los diputados Alba Leonila Méndez Herrera, del PAN, y Francisco Portilla, del PRI, demandaron aumentar las penas contra quienes incurran en este tipo de ilícitos En una iniciativa, Méndez Herrera planteó reformas al Código Penal del estado con la finalidad de proteger a la víctima de éste delito Dijo que, en caso de las personas que, por su condición de adultos mayores, corran el riesgo de sufrir daños adicionales irreversibles a su condición física y psicológica, "deben endurecerse las penas" Además, propuso sanciones "ejemplares" a quienes sean o se hayan desempeñado como servidores públicos y de alguna corporación policíaca, pública y privada que, valiéndose de información confidencial, la utilicen para perjudicar a alguien en caso de no obtener beneficio económico por una extorsión Con la reforma al articulo 220 del Código Penal del estado, señala en la exposición de motivos de la iniciativa que fue turnada a comisiones, se debe considerar como un agravante cuando, en la comisión del delito, intervengan una o más personas armadas o se emplee la violencia física En la propuesta de la panista, quien cuando fue alcaldesa de Atzalán denunció haber sido víctima de extorsión por parte un grupo armado, destacan las extorsiones que se cometan por la vía telefónica, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación, en cuyos casos "las penas se incrementarán en una mitad" Afirmó que, en el delito de extorsión, aunado al daño patrimonial, "la persona sufre un daño psicológico que deteriora su desempeño en condiciones normales y la somete, mediante amenazas, lo que logra anular su voluntad y acceder al pago de la cantidad solicitada" Explicó que, con esta reforma, además de que incluye sanciones, "pretende inhibir este tipo de delito, para evitar la incidencia en aquellos que lo hayan cometido", ya que se propone elevar las penas y, en el caso de servidores o exservidores públicos, hasta en dos terceras partes En la otra iniciativa de reforma al Código Penal, el también diputado panista Alejandro Vázquez Cuevas, propuso sanciones más severas para los miembros de los cuerpos de seguridad pública que incurran en actos de corrupción, de cuatro a 10 años de prisión y multas de 100 a 500 días de salario mínimo Además, la destitución del cargo del servidor público que dicte una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo que "viole algún precepto terminante de la ley o que sea contraria a las constancias procesales legalmente practicadas en un proceso cualquiera que sea, u otorgue una libertad condicional o fianza, siendo improcedente" En tanto, en su iniciativa de reforma a Código Civil del estado, el diputado priísta Francisco Portilla Bonilla, señaló que el delito de extorsión "tutela dos bienes jurídicos fundamentales para la sociedad: la libertad y el patrimonio" Explicó que "es un hecho público y notorio que en la entidad se ha incrementado el número de extorsiones por medio de llamadas telefónicas o de redes informáticas, en las que "se solicitan cantidades de dinero o se obliga a las personas a realizar determinados actos, amenazándolas con causar un mal a su persona o a sus familiares" En Veracruz, dijo, éste delito se sanciona con una penalidad que va de tres a siete años de prisión y una multa de 400 días de salario, "lo que significa que el término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad es menor a seis años, por lo que el sujeto activo de este ilícito obtiene su libertad provisional bajo coacción" Por ello, agregó, es necesario reformar el tipo penal para que éste ilícito sea considerado delito grave, "lo que implica necesariamente el aumento de las sanciones de prisión y pecuniaria" En este sentido, Portilla plateó adicionar al artículo 220 para establecer un caso de excepción respecto de la regla que se imponga para el caso de tentativa de extorsión; es decir, "que sea la misma para el delito en cuanto tal debido a la gravedad del hecho, para que el responsable no tenga la posibilidad de obtener la libertad provisional" En su iniciativa, Portillo plantea: "A quien por cualquier medio obligue a otro a dar, hacer, o dejar de hacer algo contra sus propios bienes patrimoniales o los de un tercero, para procurarse a sí mismo o a otro un lucro indebido, se le impondrán de tres a diez años de prisión y multa de hasta 500 días de salario, misma sanción será aplicada al responsable de tentativa de extorsión"