Aprueba PRI escoltas con cargo al erario para exfuncionarios de Yucatán

lunes, 25 de octubre de 2010

MERIDA, Yuc., 25 de octubre (apro).- Después de un ríspido debate con sus homólogos panistas, la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local aprobó el dictamen de la iniciativa de Ley de Fiscalía General enviada por el Ejecutivo, con la que el gobierno del estado pretende asignar escoltas a exfuncionarios públicos con cargo al erario.

Los diputados panistas argumentaron que, con la polémica iniciativa, que se espera sea aprobada por la mayoría priista el próximo jueves en la sesión del pleno, el gobierno estatal “tácitamente reconoce que Yucatán ya no es un estado seguro, como se pregona oficialmente”.

Dijeron que, al analizar la iniciativa de Ley de Fiscalía General, los diputados priistas que forman parte de las comisiones de Puntos Constitucionales y Para la Implementación de la Reforma Constitucional, “haciendo valer su mayoría, aprobaron en el dictamen el artículo 25 tal como lo envió el Ejecutivo, con lo que abrieron la puerta a la proliferación de escoltas”.

El artículo 25 establece que la Fiscalía General “se asegurará de que el servicio que se preste a quienes hayan desempeñado los cargos de gobernador, fiscal general, secretario de Seguridad Pública y director de la Policía Ministerial Investigadora se realice con un mínimo de cuatro agentes dotados de automóvil, sistema de comunicación, armamento adecuado y demás elementos que les permita realizar un trabajo profesional y efectivo, y a los directores de algunos de los Centros de Readaptación Social o director del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, se realice con un mínimo de dos agentes dotados de los mismos elementos”.

Al respecto, los diputados panistas Lízbeth Medina Rodríguez, Tito Sánchez Camargo y Renán Barrera Concha señalaron que “se puso un mínimo de guardaespaldas para cada uno de los extitulares de los cargos mencionados, pero no se fijó un máximo”.

 Los legisladores panistas, integrantes de esas comisiones, propusieron que este punto fuera definido en el reglamento correspondiente de la ley, pero los priístas se opusieron.

Los diputados panistas aclararon que no están en contra de dar las garantías mínimas de seguridad a quienes ocuparon los cargos señalados, pero indicaron que es preciso que esté regulado el sistema de protección, a fin de tener certidumbre y evitar dar “manga ancha” al uso de ese servicio.

Para tener derecho a ese servicio, pagado con el erario, los exfuncionarios deberán haber permanecido en el cargo cuando menos un año y se le dará por un período igual al que laboraron, con la posible prórroga a solicitud expresa del interesado.

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