JALAPA, Ver., 13 de agosto (apro).- El Congreso local aprobó reformas al Código de Procedimientos Penales del estado, que establecen sanciones de tres a 15 años de prisión y multas de hasta 400 salarios mínimos a quien “aceche o realice acciones de espionaje contra las instituciones de seguridad pública de la entidad”.
    Con algunas modificaciones a la iniciativa enviada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán, en sesión extraordinaria, el pleno legislativo aprobó adiciones al Código Penal estatal en el capitulo denominado “espionaje” contra las instituciones de seguridad pública en el estado.
    Los integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, incrementaron las penas contra quienes incurran en este tipo de delitos de 3 a 15 años de prisión –la propuesta original planteaba de 6 a 15 años--, y multas de hasta 400 días de salario mínimo vigente en la capital del estado.
    Serán sancionados quienes realicen acciones de espionaje con el fin de obtener información sobre la ubicación, actividades, operativos o labores en general que, en el desempeño de sus funciones, efectúen elementos de seguridad pública, “sean estas de vigilancia, persecución, investigación, sanción del delito o ejecución de penas”.  
           En el dictamen aprobado por mayoría de votos, cuatro en contra y dos abstenciones, se precisa que si el sujeto activo es un servidor público, las penas señaladas se incrementaran hasta en una mitad y se impondrá la inhabilitación para el desempeño de empleo, cargo o comisión públicos hasta por un término de 15 años.
          Entre las reformas al Código Penal del estado, el Congreso local aprobó la propuesta para sancionar con multas económicas y cárcel a quienes realicen “llamadas de broma” a los teléfonos de emergencia a cargo de las autoridades de protección civil y seguridad pública.
           En la iniciativa del  diputado priísta Héctor Yunes Landa, se establecen sanciones de uno a tres años de prisión y multas de 50 a 100 veces el salario mínimo, a quien por cualquier medio de comunicación dé aviso de falsa alerta “para generar la movilización o presencia de cuerpos de bomberos, personal de emergencias médicas, protección civil o corporaciones de seguridad”.
         En el dictamen de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, aprobado por unanimidad por el pleno legislativo, se señala que el 75% de las llamadas telefónicas que recibe el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) son falsas, provocando movilizaciones de los cuerpos de emergencia.
           De esta manera, se aprobaron adiciones al Código Penal de Veracruz relativos al capitulo denominado “movilización de servicios de emergencia” y en el de delitos contra la seguridad del estado, con las que se establecieron sanciones y castigo contra quienes realicen llamadas “falsas” sobre supuestas emergencias de auxilio.
          Con las reformas al Código Penal, se determinó también proteger a los elementos de las instituciones de seguridad pública dedicadas a la persecución, investigación, sanción del delito o ejecución de penas contra “los avisos” a la delincuencia organizada sobre sus operativos y actividades, a través del espionaje.
           Con ello, quedó establecido que se castigará el espionaje, que consiste en acechar, observar con disimulo, filmar, fotografiar, grabar u observar de modo clandestino objetos, conversaciones, personas o documentos a cargo de las instituciones de seguridad pública estatal.
            Según la minuta aprobada, con esta medida “se busca contrarrestar actividades ilícitas dirigidas precisamente contra las instituciones responsables de velar por la seguridad de la población, lo que revela la peligrosidad social del agente activo”.
           No obstante, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado priísta Fernando González Arroyo, reconoció que la actual Legislatura local dejara dos grandes pendientes: las reformas al Código Penal y a la ley Orgánica del Poder Judicial del estado.
           El también coordinador de la bancada priísta dijo que estas reformas deben ser analizadas de manera integral y no sólo “parchar” dichas layes, como ocurrió en el actual Congreso local, “ya que lo que requiere Veracruz es un código de avanzada que permita una procuración de justicia acorde con los tiempos actuales”.