OAXACA, Oax., 12 de enero (apro).- El Congreso local, erigido en Colegio Electoral, ratificó a la magistrada Ana Mireya Santos López como presidenta del Tribunal Estatal Electoral (TEE), a propuesta del Poder Judicial y, con ello, se evitó la reelección pretendida de Ricardo Porfirio Sibaja Ilescas, aunque provocó la primera fractura aliancista, ya que legisladores del PRD, PT y Convergencia, consideraron que se trató de una “repartición de cuotas”.

La pretensión de Sibaja Ilescas fue desechada debido que se le identifica con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que fue “impuesto” por José Murat y ratificado, para un segundo periodo, por Ulises Ruiz, aunado a que por su “desaseado” actuar dejó conflictos postelectorales en los municipios de usos y costumbres.

En sesión extraordinaria, la madrugada de este miércoles, rindieron protesta como magistrados propietarios del TEE, Ana Mireya Santos López y Luis Enrique Cordero Aguilar, y como suplentes Tito Ramírez González y Narciso Abel Alvarado Vásquez.

Sin embargo, la renovación del TEE generó la primera ruptura aliancista, debido a que siete diputados, dos del PRD, dos del Partido del Trabajo (PT) y tres de Convergencia (PC), abandonaron la sesión, luego de considerar este proceso como “una práctica antidemocrática a la usanza de los vicios del viejo régimen repetida en tiempos de transición”.

Los diputados de Convergencia, Margarita García, Perfecto Mesinas, Ángela Rodríguez; del PT, Hita Ortiz Silva, Flavio Sosa Villavicencio, y los perredistas Pavel López Gómez y Aleida Serrano Rosado, abandonaron el salón de sesiones y acusaron que el proceso de elección de los nuevos magistrados fue “desaseado y poco ético”.

Su afirmación la sustentan en que la designación de los magistrados del TEE se trató de una “repartición” de espacios por acuerdos políticos entre las fracciones del PRI, PAN y una parte del PRD.

En conferencia de prensa, los coordinadores de las bancadas del PT, Hita Ortiz Silva; de Convergencia, Margarita García, y los perredistas Aleyda Serrano y Pavel López, denunciaron que la asignación de las magistraturas fue una cuota para los partidos políticos, debido a que Ana Mireya Santos López es una posición del PRD y Luis Enrique Cordero Aguilar, del PAN.

Mientras que la posición del PRI quedó pendiente, debido a que ellos pretendían la reelección de Sibaja Ilescas, y ahora aguardarán a que el Tribunal Superior de Justicia presente nuevas propuestas.

El legislador Flavio Sosa Villavicencio consideró este hecho “no revienta la coalición, sin embargo, hacemos un llamado para que la alianza pueda caminar y atienda el mandato popular”.

Hizo hincapié en que “del Tribunal depende la estabilidad política y social del estado, por consiguiente, es un acto que debió tener plena legitimidad, y que no la tuvo; sin embargo, ahora les corresponde a los magistrados, con su ejercicio, demostrar que van a actuar apegados a la ética y al profesionalismo”.

A su vez, la coordinadora de la banda del PT, Hita Ortiz Silva, y de Convergencia, Margarita García, destacaron que su responsabilidad histórica es que los magistrados sean ciudadanos independientes y no cuotas de partidos, como sucedió en esta ocasión que el PRI, PAN y parte del PRD se “repartieron el botín”.

Por su parte, la perredista Aleida Serrano cuestionó a su líder parlamentario, Carol Antonio Altamirano, por haber negociado estos espacios con el dirigente estatal Amador Jara Cruz y el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera.

“Desafortunadamente, nuestro coordinador ha asumido una actitud no sólo visceral con respecto a lo que se hace en la fracción, sino que ha asumido una actitud de sumisión ante el presidente del partido y del Tribunal Superior de Justicia”, añadió.