GUADALAJARA, Jal., 22 febrero (apro).- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presentó hoy un estudio en el que se revela que 70% de las 23 cárceles de la entidad se encuentran en malas condiciones físicas, que la mitad de ellas están sobrepobladas y que en algunas de ellas está latente el riesgo de un motín.
Por tales razones, el ombudsman estatal sugirió al gobernador Emilio González que el estado “se haga cargo de la operación y funcionamiento de las cárceles que actualmente están a cargo de los municipios, y en tanto ese ocurre, se avance en la firma de convenios de coordinación con los ayuntamiento para otorgarles apoyo económico y técnico para su debido funcionamiento”.
Derivado de las inspecciones, la población penitenciaria es de 551 internos, de los cuales 529 son hombres y 22 mujeres; en el caso éstas, según el informe, son confinadas a pequeños cuartos que carecen de patio y, en algunos casos, de baño y regadera.
En el reporte también se menciona que algunas cárceles albergan reclusos de alta peligrosidad que es necesario reubicar de inmediato porque “pone en riesgo la seguridad del personal de custodia, de los demás internos y de la comunidad”.
Otras deficiencias detectadas en los centros carcelarios es que se encuentran en lugares inadecuados, como a un costado o incluso dentro de los edificios del ayuntamiento, por lo que faltan espacios educativos, recreativos, deportivos, laborales y de visita íntima y familiar.
Asimismo, tampoco hay atención médica ni higiene, pues se observó basura, malos olores y fauna nociva; sólo 39% de las cárceles municipales exhibían condiciones adecuadas, concluyó Álvarez Cibrián.