JALAPA, Ver., 8 de marzo (apro).- El gobierno de Javier Duarte inició una investigación contra 156 empresas contratadas por la administración anterior que incumplieron con las obras solicitadas y ocasionaron un daño patrimonial de aproximadamente 900 millones de pesos.
     “Aquí no hay circunstancias especiales, y quien esté al margen de la legalidad tendrá que asumir las consecuencias”, advirtió el mandatario.
    En entrevista, luego de la firma de un convenio de colaboración con la Dirección de Viajes Palacio de Hierro para promocionar a Veracruz, Duarte explicó que suman al menos 156 las empresas constructoras en las se detectaron anomalías, pues las obras que se les asignaron en el papel no coinciden con la realidad.
    Asimismo, señaló que según investigaciones realizadas por la Contraloría del estado, en coordinación con las dependencias encargadas de obra pública, se presume un daño patrimonial de alrededor de 900 millones de pesos por parte de las compañías contratadas, en algunas de las cuales, dijo, “se tendrá que investigar también su legalidad”.
    Duarte mencionó que al momento se ha confirmado que tres empresas no cumplieron con los términos establecidos en la contratación de obras y cuyas irregularidades suman 16 millones de pesos. Los montos no coinciden con las obras entregadas y, por lo tanto, “habrá una consecuencia legal”, agregó.
    Ante ello, aseguró que su gobierno continuará con las revisiones para detectar una a una las anomalías, y “no se protegerá a nadie” que tenga algún tipo de responsabilidad.
 “Lo dije desde el inicio: aquí no hay circunstancia especiales, y quien haya realizado acciones al margen de la legalidad, de la normatividad, tendrá que hacerse responsable de las consecuencias”, subrayó.
    El gobernador veracruzano detalló que las empresas que ya han sido identificadas y podrían ser denunciadas ante las autoridades judiciales por presunto daño patrimonial al erario estatal son: ABO Mantenimiento y Construcciones SA de CV., Grupo MASCOT SA de CV., y Grupo ALPAC SA de CV., las tres asentadas en Veracruz.
    Son empresas que tienen registro en el padrón de proveedores y de contratistas que, de una u otra forma –dijo–, no cumplieron con los requerimientos, por lo que de confirmarse las irregularidades se actuará legalmente en contra de los dueños o socios por el delito de fraude o los que resulten.
    Duarte remarcó que las empresas que fueron contratadas por el gobierno de Fidel Herrera “son observadas por haber dejado obras inconclusas, obras no iniciadas u obras terminadas, pero que no cumplen con los requisitos de calidad requerida, es decir, son de mala calidad”.