VILLAHERMOSA, Tab., 13 de abril (apro).- El macro-gimnasio Sport City, ubicado en esta capital y propiedad del empresario Antonio Espinosa de los Monteros --implicado en 2008 en millonario tráfico de terrenos para viviendas de damnificados por las inundaciones de 2007--, será demolido por mandato del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo.
El Tribunal negó un amparo a Espinosa de los Monteros y ratificó la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de Tabasco que, desde agosto del año pasado, ordenó al ayuntamiento de Centro (asiento de Villahermosa) derribar el gimnasio debido a que fue edificado ilegalmente en suelo para uso habitacional.
Ahora, el alcalde de Centro, Jesús Alí de la Torre, deberá proceder a demoler el inmueble, valuado en más de cien millones de pesos; de lo contrario, será demandado por desacato a la ley, advirtió el abogado Héctor Aceves Fernández, esposo de María del Pilar Herrera Pizaña, afectados por la construcción del Sport City.
Además, el ayuntamiento de Centro deberá pagar una millonaria indemnización a los promotores del juicio por daños y perjuicios, de acuerdo con el resolutivo del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La decisión del TCA, confirmada por el Tribunal Colegiado, se derivó de un juicio promovido por Herrera Pizaña, quien impugnó la “ilegal factibilidad de uso de suelo y licencia de construcción” expedidas por el ayuntamiento de Centro para la construcción del gimnasio.
En sus alegatos, la promovente logró acreditar ante el TCA la “ilegalidad” de las licencias de construcción y factibilidad de uso de suelo, otorgadas en 2007 y 2009 para la construcción y ampliación del gimnasio.
    A principios de agosto de 2010, la magistrada de la Segunda Sala del TCA, Luz María Armenta León, resolvió la revocación de los permisos de construcción y cambio de uso de suelo y ordenó “demoler” el Sport City.
     Ante esta decisión, el empresario Espinosa de los Monteros y su hermana Ruth buscaron amparo de la justicia federal.
El 28 de marzo anterior, los magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito negaron el amparo, confirmaron la resolución del TCA para demoler el Sport City y ordenaron al ayuntamiento de Centro pagar daños y perjuicios a los afectados.
    “Ya no hay ninguna instancia a la que se pueda recurrir y lo que exigimos es que el alcalde Jesús Alí cumpla con la resolución de la Suprema Corte y proceda a demoler el Sport City”, comentó a Apro el abogado Aceves Fernández.
    En caso contrario, el alcalde de Centro incurriría en desacato y sería objeto de demanda penal, advirtió.
    El gimnasio del Sport City se encuentra en la exclusiva zona residencial Tabasco 2000 de esta capital, una imponente construcción de acero, cemento y vidrios polarizados.
    Según el abogado Aceves Fernández, el Sport City es una franquicia del empresario Alejandro Martí, dueño de la cadena de tiendas de deportes del mismo apellido, adquirida en Tabasco por Antonio Espinosa de los Monteros, propietario de gasolineras y tiendas de abarrotes, entre otros negocios.
     En octubre de 2008, el diputado federal perredista Adán Augusto López Hernández denunció y presentó demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de funcionarios federales y estatales, así como de particulares, por presunto fraude millonario en la compra de terrenos para construir viviendas a damnificados por las inundaciones de 2007.
Los denunciados, entre otros, fueron el entonces titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Carlos Javier Gutiérrez, así como de los funcionarios estatales, José Manuel Sáinz Pineda, Héctor López Peralta y Ariel Cetina Bertruy, secretario de Finanzas, de Asentamientos y Obras Públicas y del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab).
    De acuerdo con la demanda, todos ellos incurrieron en los presuntos delitos de fraude, lavado de dinero, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelación de secretos, ejercicio indebido y coalición de servidores públicos y ejercicio abusivo de funciones.
    El diputado López Hernández explicó que la Conavi transfirió al gobierno estatal 350 millones de pesos para adquirir terrenos donde se construirían 2 mil 500 viviendas para damnificados de la inundación de 2007.
    La adquisición se hizo a la empresa Suministros del Carmen SA de CV que, previamente, compró a particulares más de 160 hectáreas, a razón de 500 mil pesos cada una, y tres días después la revendió al Invitab a un millón 400 mil pesos, lo que representó una ganancia de más de 140 millones de pesos “para quienes operaron el negocio”.
    Explicó que la referida sociedad mercantil tiene su sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y durante años fue empresa familiar, pero en noviembre de 2007, los tabasqueños Abraham Cupil Córdova y José Alberto de la Rosa Santamaría, sin antecedentes empresariales, compraron Suministros del Carmen y, en febrero de 2008, gastaron más de 100 millones de pesos en la compra de los terrenos que, casi inmediatamente, vendieron al Invitab con ganancias de 900 mil pesos por hectárea.
     Los legisladores perredistas presumieron entonces que Cupil Córdova y De la Rosa Santamaría sólo eran prestanombres de quienes estaban detrás del millonario negocio.
    En 2009, la PGR dio carpetazo a la denuncia y luego se confirmó que el empresario Antonio Espinosa de los Monteros fue quien estuvo detrás del millonario tráfico de terrenos, a través de la empresa Suministros del Carmen SA de CV.”