OAXACA, Oax., 5 de abril (apro).- El diputado local del Partido del Trabajo, Flavio Sosa Villavicencio, pidió al gobernador Gabino Cué la remoción del comisionado de la Policía Estatal, Roberto César Alfaro Cruz, a quien acusó de violar la Constitución y los derechos humanos de varios consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el conflicto socio político del 2006.

De igual forma, demandó a los poderes Judicial y Legislativo revisar su estructura para que servidores y ex servidores públicos acusados de abusos, como los jueces de consigna o la titular de la Auditoría Superior del Estado, Lizbeth Caña Cadeza, no puedan ocupar cargos relevantes.

El pasado 31 de marzo, Apro publicó documentos que revelan que Alfaro Cruz, como agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado, puso a disposición del juez a los consejeros de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado, durante el conflicto de 2006.

“Yo creo que Gabino (Cué) tiene que revisar para que gente responsable de violación a los derechos humanos y a la Constitución no esté en cargos tan relevantes”, insistió Sosa Villavicencio.

Por lo pronto, adelantó que está esperando el resultado del diálogo entre afectados y el gobierno de Gabino Cué para actuar legalmente contra los que atentaron contra su integridad y sus derechos humanos.

“Podría demandar a todos quienes nos lastimaron porque no solamente son los jueces de consigna los que nos metieron a la cárcel y violaron la ley, y que ahí están en el Poder Judicial, sino que también me sorprende que hoy encontremos en el Ejecutivo gente con responsabilidad directa; hay que investigar, no vaya a ser que tengamos la justicia en manos de torturadores”, señaló.

Mientras tanto, dijo que unos 90 agraviados durante el conflicto del 2006 han dialogado con funcionarios del gobierno del estado y sólo se está a la espera de la respuesta del gobernador.

La exigencia de los afectados es la remoción del cargo, reparación integral del dañó, la atención a los familiares de las víctimas y huérfanos.

Además, dijo, se hizo un planteamiento general como la Creación de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social y la Comisión de la Verdad; pero si no hay respuesta, advirtió que actuarán jurídicamente.

“El Ejecutivo está obligado de cumplir con su responsabilidad histórica, que es hacer justicia y castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, trátese de quien se trate; esté dentro o fuera de la estructura gubernamental; esté en Oaxaca o esté fuera, como el caso monstruoso de Lino Celaya Luría o de Lizbeth Caña Cadeza, quienes deben ir a la cárcel”.

Por el momento, dijo, “le concedo el beneficio de la duda de que están integrando debidamente las averiguaciones, de que están investigando perfectamente para que no haya resquicios legales, de que es un gobierno que apenas inició, pero en el corto plazo si Gabino y el Poder Judicial no asumen su responsabilidad, desde luego que vamos a exigir justicia y exhibirlos”.

Sin embargo, calificó como una “buena señal” el hecho de que el gobernador haya acudido a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y haya asumido la responsabilidad de casos que tienen que ver con gobiernos pasados; “esa es una actitud congruente y espero que así actúe en el caso del 2006”, puntualizó.

Antes de que el gobernador Gabino Cué nombrara comisionado de la Policía Estatal a Alfaro Cruz, éste formó parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, donde se desempeñó, desde 1999, como subdirector de averiguaciones previas, agente del Ministerio Público en la Subprocuraduría Regional de la Costa y subdirector de servicios periciales.

Durante el conflicto de 2006, la entonces procuradora Lizbeth Caña Cadeza, lo nombró agente del Ministerio Público adscrito a la mesa nueve del sector central, dependiente de la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones.

Un documento oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado fechado el 5 de diciembre de 2006 y firmado por el Ministerio Público, Roberto César Alfaro Cruz, confirma el papel que desempeñó durante el conflicto sociopolítico.