JALAPA, Ver., 17 de mayo (apro).- Con 34 votos a favor y 13 en contra, el Congreso local aprobó hoy una reforma constitucional por medio de la cual los 212 alcaldes de la entidad podrán gobernar por periodos de cuatro años, a partir de 2014.
Después de casi cinco horas de debate, la mayoría priísta, con el apoyo de Nueva Alianza (Panal) y la diputada perredista Brenda Reyes, pudo sacar adelante el dictamen enviado el pasado 1 de abril por el gobernador Javier Duarte.
    Pese a que la oposición, conformada por las bancadas de PAN, PRD y Convergencia, exigió retirar el dictamen para “analizarlo a profundidad” y llevar la propuesta a consulta pública, la mayoría priísta, con el aval de los cuatro diputados del Panal y de la perredista Brenda Reyes, aprobó la reforma.
    Incluso la oposición calificó la propuesta de “electorera”, a través de la que el PRI, acusó, busca recuperar los espacios perdidos en los comicios recientes, ya que actualmente gobierna en sólo 80 de los 212 municipios.
    El perredista Rogelio Franco Castán consideró que la iniciativa no sólo era apresurada y carente de fundamentos técnicos, sino un “error histórico garrafal”, ya que antes de ampliar el periodo de administración de los ediles, sostuvo, “deberíamos estar obligados a endurecer todos los sistemas de contralorías y fiscalización municipal”.
    Antes, subrayó, el Congreso debería vigilar al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), “que es un elefante blanco, para que realmente fiscalice la obra pública, las licitaciones y calidad de la obra pública y esté atento en la entrega de las cuentas públicas y estados financieros de los municipios”.
    Hoy, denunció, “todos sabemos que existen investigaciones por cerca de los mil millones de pesos por daño al erario municipal en un solo año, y eso habla de la galopante corrupción que este Poder no ha podido detener, por lo que la ampliación mecánica a cuatro años es legislar al vapor sobre un tema trascendental que tiene que ver con una reforma electoral profunda, la cual debe tocar temas como la revocación del mandato y la reelección de ediles”.
    En este tono, cuestionó que el actual gobierno estatal busque derogar la reforma constitucional aprobada en 1997 con el consenso de todos los partidos políticos y la ciudadanía, y que después de un largo proceso de sincronización, en 2004 se logró al fin homologar los procesos de elección de gobernador, diputados y ediles.
    El pretender diferenciar los comicios, advirtió, significaría un grave costo para los bolsillos de los veracruzanos y, ante los graves indicadores de pobreza y endeudamiento que tiene la entidad, “resultará incorrecto gastar más recursos en elecciones, ya que significarían 560 millones de pesos por cada dos años en que se lleven a cabo comicios en Veracruz”.
    El coordinador del grupo del PAN, Danilo Alvízar Guerrero, coincidió con el perredista en que la reforma sólo significaban “mentiras retóricas” del Ejecutivo, ya que en el fondo está la urgente necesidad que tiene el PRI de administrar los procesos electorales, “pues actualmente no gobierna ni la mitad de los municipios”.
    Con esta medida, dijo, se pretende que en Veracruz haya elecciones cada año, donde el gobierno estatal y el PRI “puedan usar su maquinaria y se aceite ésta con dinero público, haciendo retroceder parte de los avances de la reforma electoral debatida en otros tiempos y bajo estos mismos muros”.
    Tocó el turno al priísta Américo Zúñiga Martínez, quien defendió el dictamen al argumentar la “pertinencia” de la reforma propuesta por el gobernador Duarte, “ya que la ampliación del periodo a cuatro años permitirá a los ayuntamientos consolidar la acción pública para una mejor planeación y prestación de servicios”.
    Esta modificación, señaló, “abona al fortalecimiento de la autonomía municipal consagrado en el 115 constitucional y, al contar los alcaldes con un año más de gestión, estarán en posibilidad de planear y ejecutar adecuadamente proyectos de infraestructura a mediano plazo y resolver necesidades de servicios básicos para la población y, sobre todo, fortalecer la rendición de cuentas” .
    Cabe señalar que la reforma también deberá ser aprobada en un segundo periodo de sesiones del Congreso y por 50% más uno de los 212 ayuntamientos veracruzanos.