COLIMA, Col., 5 de mayo (apro).- A pesar del reconocimiento científico de que los manglares proporcionan una enorme diversidad de recursos y servicios ambientales y de que se traducen incluso en bienestar social, desarrollo, inversión y empleo, persiste la destrucción de esos ecosistemas en México, advierten grupos ambientalistas, entre ellos Red Manglar Internacional, Red Manglar México y Bios Iguana.
En el estudio “La defensa del manglar en México”, dichas agrupaciones denuncian que en la última década la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se ha visto involucrada en la autorización de proyectos disfrazados de rehabilitación de ecosistemas, sin la suficiente justificación técnica ni el respeto a los instrumentos legales, lo que sólo lleva a la destrucción ambiental.
Además, rechazan que esa dependencia promueva la protección de  manglares, como presume en foros internacionales.
“La Semarnat ha realizado acciones para debilitar la normatividad que protege a este ecosistema, convirtiéndose en una institución promotora y defensora de proyectos turísticos, industriales y portuarios de la iniciativa privada”, acusan.
Esta situación, añaden, ha provocado que la lucha por la defensa de los manglares mexicanos se libre cada vez más en los tribunales internacionales, “por falta de garantías en México para el respeto a los derechos humanos y el ejercicio del derecho a la legalidad”.
Un fenómeno reciente frente a la crítica de las organizaciones sociales que cuestionan la insuficiente justificación técnica y legal para aprobar cambios de uso de suelo y autorizar las manifestaciones de impacto ambiental, exponen, ha sido la estrategia gubernamental de incorporar como consultores a académicos de universidades públicas que finalmente acceden a avalar la destrucción de los manglares.
 “Nada asegura que la acción gubernamental no siga privilegiando al interés privado frente a una permanente táctica de desinformación social, deficiente transparencia, corrupción y la criminalización de la movilización social pacífica y legal a favor de los ecosistemas”, dicen.
Pese a contar con 11 mil kilómetros de costa, refieren, México no tiene leyes que definan su manejo y aprovechamiento de manera específica, situación que hace vulnerable este territorio frente a los desarrollos turísticos, portuarios, inmobiliarios, acuícolas e industriales de alto impacto y riesgo.
“Esta falta de definición de políticas públicas específicas y un marco legal para definir la toma de decisiones, genera mayores posibilidades de destrucción ambiental, despojo de territorios a comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como una permanente afectación a ciudades y núcleos urbanos”, mencionan las organizaciones ambientalistas.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), citadas en el estudio, en 2009 la superficie de manglar registrada en México era de 770 mil 57 hectáreas, distribuida en los 17 estados que cuentan con litoral en el país.
La región Península de Yucatán posee 55% de estos ecosistemas, con 423 mil 751 hectáreas, seguida por la región Pacífico Norte, con 24.5%, esto es 188 mil 900 hectáreas; las regiones Golfo de México y Pacífico Sur poseen el 11 y 8.6%, en tanto que en el Pacífico Centro se encuentra sólo 0.9% de la superficie de manglar.
En su estudio, los grupos ambientalistas presentan una serie de caso de proyectos turísticos, portuarios, industriales e inmobiliarios en los que denuncian que se han presentado anomalías en su aprobación, en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.